La dirección de obra del Teatro Ramos Carrión ha presentado, el mes pasado, un proyecto para intentar legalizar el exceso de edificación realizado, concretamente en la zona de la plaza Mirador, en la parte sur sobre la Muralla, informó el diputado provincial de Izquierda Unida, Francisco Molina. El proyecto propone tres soluciones diferentes, que afectan a distintas zonas del inmueble y cuyo coste oscila entre los 90.000 euros de la opción más barata a los 480.000 de la más cara. El mencionado proyecto se ha remitido a la Comisión de Patrimonio para su informe, si bien «el Ayuntamiento de Zamora ha dejado claro que quien debe solicitar un modificado no es la dirección de obra, sino el promotor de la misma», que Molina asegura es la Diputación de Zamora, mientras el vicepresidente provincial, Aurelio Tomás, indica que es el Ministerio de Vivienda.
Molina indica, asimismo, que el exceso de obra «en ningún caso puede legalizarse, ya que la elevación de la rasante en esa plaza Mirador no viene contemplada en el Plan Especial del Casco Antiguo». El diputado de la oposición insiste en achacar una «gravísima responsabilidad» al presidente de la Diputación, Fernando Martínez Maíllo, que «sugiere, o sea, ordena», un cambio de uso de los espacios inicialmente previos por garajes para convertirlos en salas polivalentes. «Esta decisión se tomó una vez que estaba realizada la cimentación de la obra, lo cual imposibilitó que se profundizara sobre el terreno». Asimismo, no hay acuerdo sobre el coste de estas unidades de obra modificadas, indica Molina. Aurelio Tomás, sin embargo, explica que la ejecución de la obra corresponde al Ministerio, por lo que la Diputación «no puede ordenar ningún modificado, ni siquiera por su cuenta y riesgo. De hecho, es el Ministerio el que ha aprobado los modificados que se han introducido, llegando después a un acuerdo con la Diputación para su financiación». Por tanto el vicepresidente declina toda responsabilidad de la institución para con el exceso de obra que se haya llevado a cabo.
