Ironías de la justicia: el coste del juicio con jurado que resolverá sobre la inocencia o culpabilidad de un guardia civil, imputado por un delito de cohecho, será más elevado que los 420 euros de multa que tendría que abonar si prospera la acusación de la Fiscalía, que exige también tres años de inhabilitación para el agente.
El guardia está denunciado por haber exigido, supuestamente, la entrega de una cazadora valorada en unos 120 euros y de una lijadora de 18 euros a sendos ciudadanos que conducían sin llevar puesto el cinturón de seguridad para «librarse» de la correspondiente multa.
El procesado ha negado en todo momento los hechos relatados por quienes afirman haberle «pagado en especies», entrega de una «dádiva o presente» que contempla el Código Penal como delito de cohecho, a cambio de no cumplir con su deber.
Los nueve ciudadanos y dos suplentes, convocados ya por la Audiencia Provincial de Zamora, permanecerán tres días incomunicados, del 23 al 25 de noviembre, para ejercer como tribunal, ya que la Ley que regula el jurado recoge el delito de cohecho entre los que deben pasar por el «tamiz» popular, sin establecer grados de gravedad.
La convocatoria del jurado podría tener mayor justificación si la la Fiscalía hubiera entendido que la infracción penal fue de tal trascendencia que requeriría la imposición de penas de prisión -que oscilaran entre uno y cuatro; dos y seis años; y los nueve y doce- y la inhabilitación especial de empleo por mayor tiempo -de siete a doce años; o de seis a nueve años-, como permite la legislación en función de la envergadura del delito. La acusación pública ha solicitado penas de menor entidad, lo que no evita que se celebre el jurado con el desembolso que supone para la Administración de Justicia.
La defensa del agente exige la absolución para su cliente, para lo que pretende demostrar la inocencia del empleado público con el testimonio de quince personas que declararán a favor de la buena praxis del procesado. El Ministerio Fiscal, por su parte, ha llamado a trece testigos, entre los que están los dos ciudadanos que, según la denuncia, entregaron la lijadora y la cazadora a quienes inicialmente pretendía poner la multa a primeros de 2008.
En la misma línea argumental ofrecerá su testimonio otro par de personas que no han podido demostrar que hicieran ningún regalo al guardia para evitar la sanción administrativa cuando comparecieron en el juzgado en el que se tramitó e investigó la denuncia. La sanción por conducir sin esta medida de seguridad implica el pago de una multa de entre 90 y 300 euros por parte de quien ha infringido la Ley de Seguridad Vial.
