Casi la mitad de las denuncias a menores que llegó el año pasado a la Fiscalía se archivó: 201 de las 478 cursadas en total . La explicación responde a que «cada vez más las infracciones son perpetradas por menores de 14 años», es decir, personas que carecen de responsabilidad penal. Otros factores que influyeron en esa decisión fueron que «era la primera vez que el niño denunciado delinquía; que se trataba de hechos de escasa importancia; y que pertenecían a una familia «normalizada», o sea, que no presentaba ningún problema específico», explica este órgano judicial.

Estas consideraciones, a las que se llegó tras escuchar a los denunciados y sus padres y a las víctima de la infracción, sirvieron para concluir que esos menores «no necesitaban una respuesta específica por parte del Juzgado» para reconducir su comportamiento. Se da la circunstancia de que «en la mayoría de los casos su acción ya había recibido el reproche necesario, y sin duda más eficaz, en el ámbito familiar», lo que demostraron al declarar «su arrepentimiento» y «admitir» haber sido los responsables de «los hechos».

El incremento de infracciones imputadas a menores ha sido tal en los últimos años que desde la Fiscalía Provincial se advierte de que tal vez sería conveniente informar expresamente a la Fiscalía General de los «delitos y faltas cometidos por menores de 14 años, datos, que sin duda, sorprenderían a quienes no se dedican a esta materia específica, por su magnitud». Los informes de este órgano provincial nunca han incluido la relación estadística de los delitos y faltas protagonizados por niños con edades inferiores a la mencionada. Aún así, el mayor número de infractores corresponde a adolescentes entre los 16 y 17 años.

Pero las conductas de los niños y niñas que no alcanzan la edad penal han contribuido a modificar la estadística anual, al provocar el aumento de las denuncias a menores, situado en un 68% en los últimos cinco años; y en un 118% si se toma como referencia el año 2001. Una evolución que tiene también su reflejo en el balance del año pasado, cuando ese porcentaje de subida se situó en el 37%. Así, en 2009 se iniciaron investigaciones judiciales en las que se vieron implicados 478 niños con menos de 14 años y adolescentes hasta 17, lo que dio origen a la apertura de 115 expedientes de reforma. En el ejercicio precedente las diligencias registradas fueron 349. La conclusión de la Fiscalía de Menores, a tenor de estas cifras, es que la tendencia experimentada es «espectacular», apunta en su memoria.

Otro dato preocupante es que, como en 2008, se mantiene «la tendencia alcista de los casos de violencia domésticas, de los que ya se viene alertando de modo continuado» desde este órgano judicial. La Fiscalía intervino ante los 23 supuestos en los que los hijos ejercitaron algún tipo de maltrato hacia sus progenitores. En la mayoría de estos asuntos «y contrariamente a lo que pudiera pensarse», apunta la Fiscalía, las familias a las que pertenecen los denunciados se sitúan «en un nivel cultural medio-alto» y, en gran parte de los casos, «el autor es una menor (niña) de entre 14 y 16 años; además se trata de núcleos familiares normalizados», concluye. Para castigar estos delitos se adoptaron 19 medidas cautelares; se solicitaron seis internamientos; otras tantas convivencia en grupo educativo; cinco libertadas vigiladas; y dos alejamientos de la familia. Los supuestos de acoso escolar, integrado en la mayoría de las ocasiones entre los delitos contra la libertad, se mantienen en las cifras de 2008, con media docena de casos. «Ninguno tuvo una especial relevancia y se solventaron a través de los cauces institucionales del colegio acompañado de alguna medida judicial».

En cuanto a las sentencias impuestas, el juez dictó 76 condenatorias y 59 de conformidad con las partes, frente a sólo cuatro absolutorias. Con ellos el número de expedientes de reforma experimenta un alza en lo que a internamientos se refiere, con trece, siete de ellos durante el fin de semana. Las medidas de libertad vigilada, 33, son las más frecuentes, y se han convertido en las más efectivas para corregir conductas de una gravedad media, acompañadas normalmente por el control de los horarios y de asistencia a los centros educativos, y análisis periódicos para evitar consumo de drogas. Los trabajos en beneficio de la comunidad se impusieron a 25 adolescentes; se amonestó a tres; y se privó de permisos a otros nueve.