Tres policías nacionales se encargan de velar por la seguridad de 102 mujeres maltratadas de la capital que actualmente viven bajo órdenes judiciales de protección y alejamiento de sus ex maridos y parejas sentimentales, para evitar nuevas agresiones físicas o psicológicas. Un número que se mantiene prácticamente en los mismos parámetros desde que se inició el servicio.
Estos agentes llevan un control riguroso y «periódico» sobre la actividad diaria de cada víctima de violencia de género que tienen a su cargo, a fin de impedir que el maltratador pueda aproximarse o comunicarse, como ha dictaminado el juez, con quienes les han denunciado.
Una tarea difícil de cumplir, dado que cada uno de los policías tiene a su cargo una treintena de personas y medios escasos: Un teléfono móvil que le mantiene en continuo contacto con quien dispone de la orden de protección. En función del «nivel de riesgo» que se considera que corre cada una de ellas respecto de su maltratador, se establece la periodicidad de esas comunicaciones, de modo que «si es alto, se las llama a diario», apuntan fuentes próximas al servicio. Las mujeres pueden requerir su presencia a cualquier hora del día a través del teléfono.
Los policías -que han pasado a segunda actividad (jubilados) y voluntariamente han decidido continuar trabajando en esta Unidad de Prevención, Asistencia y Protección (UPAP)-, no sólo están obligados a llamar por teléfono a las víctimas de violencia de género que tienen bajo su responsabilidad, sino a «visitarles, vigilarles y entrevistarse con ellas».
Ellas saben que pueden disponer de la directa protección de estos agentes para salir a la calle o realizar cualquier gestión fuera de sus casas, incluso a realizar compras, siempre que lo necesiten. Tal llega a ser la relación con muchas de ellas que los policías se transforman «en confidentes y también un poco en consejeros». A ellos les toca no pocas veces «asesorar» a esas mujeres «angustiadas, desorientadas, que no ven futuro», para dar los primeros pasos en solitario, lejos del maltratador, informarles sobre ayudas a las que tienen derecho y servicios sociales a su disposición. «Se les acompaña al paro, paso previo para recibir la Renta Activa por Inserción (RAI)», que ronda los 400 euros, a añadir a la pensión alimenticia que suelen recibir de sus ex parejas cuando tienen hijos en común. «Es entonces cuando empiezan a reaccionar», apuntan las mismas fuentes, y a tomar las riendas de su vida, tras años de anulación por parte de quienes fueron sus parejas. Precisamente, esa resulta una de las armas más efectivas para el maltratador: Subyugar y someter a la mujer para anular su voluntad y capacidad para tomar decisiones. Crean una dependencia que asegura la obediencia de su víctima, quien sufre la aniquilación de su autoestima, lo que explica las dificultades posteriores para «desengancharse» del violento.
A su servicio
Los servicios sociales del Ayuntamiento
Las mujeres que sufran situaciones de maltrato físico o psicológico pueden acudir a los servicios sociales del Ayuntamiento de Zamora, donde se les informará y se les derivará a las instituciones que puedan facilitarles ayuda.
Comisaría y Guardia Civil
Policía Nacional y Guardia Civil disponen de un servicio especializado para atender a víctimas de violencia de género, integrados por mujeres, donde se les asesora para que puedan efectuar una denuncia contra su maltratador.
Oficina de Atención a Víctimas de Delitos
En el edificio de la Audiencia Provincial se ubica esta oficina, donde un técnico especializado informa y acompaña a las mujeres que deseen denunciar o simplemente conocer sus derechos.
Subdelegación del Gobierno
Una Unidad de Violencia de Género ofrece su servicio a las mujeres maltratadas que lo requieran.
