Los 51.878 pensionistas de la provincia de Zamora conforman uno de los colectivos de la que puede considerarse clase media sobre los que ha pasado a apisonadora de la crisis económica. La pensión media contributiva en la provincia es de 654,73 euros al mes, es decir, 9.166 euros al año que en muchos casos no se revalorizarán el año que viene, ya que la congelación de las pagas de los jubilados -no todas, porque las mínimas seguirán aumentando- es una de las medidas puestas en práctica para reducir el déficit del país y capear de la mejor forma posible la crisis.

Una de las críticas fundamentales a las medidas puestas en marcha por el Gobierno para hacer frente a la crisis es que haya descargado sobre colectivos que en general no tienen unas pagas elevadas, como pueden ser los jubilados, mientras que las rentas altas apenas han sufrido las consecuencias de las medidas para aumentar la recaudación. Como explica el presidente de la Federación de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas de Zamora, Balbino Lozano, «aunque los mayores no teníamos por qué estar afectados por ésto, porque dicen que no va a haber recortes, claro que los hay. Porque nuestras pensiones no suben, pero sí lo hacen los impuestos, el IVA y el coste de la vida en general». Al final, claro «tenemos menos poder adquisitivo».

Los jubilados conforman el grupo más numeroso de dependientes, sobre los que ha recaído aún más la carga impositiva con la reciente subida del IVA.

Un dependiente puede gastar alrededor de diez mil euros para costear los costes que supone su situación, según los cálculos de la Fundación BBVA. La subida del IVA que grava los servicios que les son necesarios a los dependientes no afecta tanto a los que están en centros residenciales públicos, pero sí puede hacerlo a los de los concertados y privados.

En Zamora existen alrededor de cuatro mil plazas en residencias de ancianos, de las cuales la mayor parte pertenecen a entidades privadas con ánimo de lucro, casi 1.700. El segundo grupo más numeroso es el de las plazas de instituciones públicas, que se sitúan por encima de las 1.100, mientras que el otro paquete importante está en manos de las entidades privadas sin ánimo de lucro, más de 900. En la actualidad en las residencias públicas se abonan 720 euros teóricamente, ya que a quienes cobran menos dinero de pensión se les retiene el 75% de la paga. La diferencia entre lo que abonan y el coste oficial del servicio va generando una deuda que la Administración se cobra cuando el anciano fallece, si dispone de bienes para afrontarla. Si no, se queda sin abonar. El sistema hasta ahora vigente va a sufrir algunas modificaciones con la aplicación de la nueva normativa que afecta a la dependencia. El coste de la plaza en una residencia privada es muy variable, según los centros, si bien una estimación para una plaza asistida es que supera los mil euros mensuales.