Este viernes, 20 de agosto, se cumplen dos años del accidente aéreo que costó la vida a 154 personas y causó heridas a otras 18 en el aeropuerto de Barajas, después de que el avión MD-82 de la compañía Spanair no lograra levantar el vuelo rumbo a Gran Canaria. Las heridas siguen abiertas, pero los familiares de las víctimas creen que el proceso judicial, al menos, ayudará a esclarecer lo ocurrido. De ahí que la «Asociación de Afectados del Vuelo JK5022» -en la que se encuentran representados los allegados de las cinco víctimas vinculadas a la provincia- haya manifestado su «esperanza» en que la causa se celebre antes de dos años, porque «seguimos teniendo dudas».
Esa incertidumbre es la misma que reconocieron hace un año las familias de los zamoranos fallecidos en el siniestro. Entonces, el toresano Vicente Fernández, que perdió a su hermana Julia y a su mujer Pilar Márquez, acusó a la Administración central de falta de atención hacia los afectados. En la víspera del segundo aniversario, Fernández pide respeto y guarda silencio sobre la celebración del juicio. A las víctimas toresanas, hay que sumar la pérdida de Javier de la Riva -directivo de la firma Pevafersa a la que los tres estaban vinculados-, Tomás Sánchez, natural de Fuentesaúco, y Carlos Herráez, descendiente de Granja de Moreruela.
Mientras, como homenaje, los familiares han organizado para mañana una ofrenda floral en el aeropuerto madrileño y la colocación de un simbólico corazón compuesto por 154 rosas blancas en el pedestal de granito ubicado el pasado año en el lugar exacto del accidente. Entre ambos actos, realizarán ante los medios de comunicación un balance de lo acontecido este segundo año tras la tragedia y harán público su deseo de que el juicio se celebre cuanto antes. Sin embargo, la asociación entiende la complejidad del proceso y no está «especialmente molesta» por los escasos avances producidos en estos dos años, según ha asegurado la presidenta del colectivo, Pilar Vera, tal y como recoge Efe.
Sin embargo, algunos familiares se salen de esa interpretación y critican la actuación del fiscal del caso, al que responsabilizan de «falta de actuación», circunstancia que podría haber retrasado el procedimiento judicial. Asimismo, el Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial ha manifestado que la investigación ha de hacerse «con celeridad y diligencia», pero el vocal de este organismo, Eduardo Gavilán, ha apuntado que habría que preguntarse si el juez cuenta con «los medios suficientes».
No obstante, los afectados pedirán el próximo mes de septiembre nuevas pruebas con el fin de «ayudar» en la investigación al magistrado, el titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid, Juan Javier Pérez. Hasta la fecha, el juez ha imputado a dos técnicos de la compañía Spanair como presuntos responsables de un delito de homicidio y lesiones.
Para que la causa pueda celebrarse, la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC) ha de entregar antes el informe definitivo con las conclusiones sobre las causas del siniestro. «Pensamos que, tal y como van las cosas, igual en dos años más podemos tener juicio. Ésa es nuestra esperanza. Cuatro años nos parece ya un tiempo más que razonable para que todo este procedimiento termine», ha manifestado Juan Andrés Sánchez, vicepresidente de la asociación de afectados. No en vano, la Comisión de Investigación ya elaboró en agosto de 2009 un informe interino. En el avance del documento definitivo, el organismo no desvela nuevos datos, pero sí incide en dos hechos fundamentales para explicar el fatal desenlace del despegue de la nave.
Por un lado, la CIAIAC explica que la maniobra se realizó con una configuración inapropiada y no aprobada, al estar los alerones para facilitar el despegue y el aterrizaje -los «flaps» y los «slaps»- totalmente retraídos y no desplegados. Además, el dispositivo de advertencia sobre este fallo -el denominado sistema «TOWS»- con el que iba equipado el avión no llegó a activarse, una situación de la que serían responsables los técnicos del mantenimiento de la aeronave.
En este segundo año tras la catástrofe, los afectados han reiterado su deseo de que se respete su dolor y que se limite la reproducción de las imágenes de lo ocurrido aquel 20 de agosto de 2008. No han sido los únicos. Diversos colectivos han lamentado la filtración a los medios de comunicación de las últimas conversaciones de los pilotos antes del terrible desenlace, ya que opinan que éstos corren el riesgo de que «se les criminalice». Por su parte, el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas, el Sepla, advierte que esa falta de discreción puede afectar a la investigación.
Así las cosas, mientras la causa judicial sigue su curso, llega la desagradable fecha, en la que sólo caben los actos conmemorativos y de recuerdo para las víctimas de aquel vuelo entre Madrid y Gran Canaria. Lo único positivo de aquel gravísimo siniestro, si así puede denominarse, es el refuerzo de la seguridad en los aviones. Desde entonces, el Ministerio de Fomento ha impulsado la modificación de la Ley de Seguridad Aérea, el proyecto para el Programa Estatal de Seguridad Operacional o la creación de un nuevo reglamento sobre los tiempos de actividad de los pilotos. Medidas para que el avión continúe siendo el medio de transporte más seguro, una realidad que para nada consuela a quienes estos días se reencuentran con una tragedia que ha cambiado sus vidas.
