La actuación urbanística para viviendas que promueve la Junta con el Plan «La Aldehuela» enlaza con el marco del Plan Regional Zamora Duero. Se trata de una «herramienta de planificación coordinada que estructura una secuencia de seis actuaciones en el este del sistema urbano de Zamora, el corazón del área funcional, que permitirá definir el perfil de algunas inversiones y condiciones de usuario en sinergia con el resto de acciones: Cúpula de la Tecnología y servicios integrados, Cylog y polígono industrial, proyecto de equipamiento y ocio de la Diputación de Zamora». En la documentación del Plan se incorpora la identidad de los 27 propietarios con los que se deberá llegar a acuerdos urbanísticos. La mayor parcela, de 21.307 metros cuadrados, pertenece a Caja España. El Ayuntamiento de Zamora dispone en la zona de una parcela de 11.181 metros cuadrados, a los que hay que sumar otros 11.590 correspondientes a otros terrenos y caminos. El resto son propietarios particulares, muchos de ellos domiciliados fuera de la provincia, y cuatro empresas, dos de ellas inmobiliarias. La propiedad de una parcela de 598 metros cuadrados está en investigación por parte de Hacienda.

El desarrollo de la actuación tiene que resolver algunos inconvenientes, como las infraestructuras y edificaciones actualmente existentes, todas ellas llamadas al derribo, con la correspondiente indemnización a los propietarios por considerarse «fuera de ordenación» y sin un interés especial. En este caso se encuentra una nave industrial, dos casas-almacén y un espacio privado de ocio, que tiene piscina y un pequeño edificio auxiliar de veinte metros cuadrados.

Se deberá eliminar, asimismo, la línea eléctrica que cruza el sector, aunque se respetará el gasoducto que procede del Mosel, el puerto de Gijón, con destino Almendralejo. El camino viejo de Toro atraviesa el espacio, como prolongación de la calle Castilla y deberá ser integrado en la futura urbanización. Uno de los datos llamativos del Plan publicado por la Consejería de Fomento, contra el que cabe recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, es el coste de las actuaciones, que se elevan a 5,9 millones de euros, con una repercusión de 6.317 euros por vivienda. El Plan ha recibido sin problemas el visto bueno de Patrimonio, ya que no se considera que en la zona existan restos arqueológicos interesantes.