El político liberal moderado Claudio Moyano, de cuyo nacimiento se cumple hoy 200 años, ha pasado a la historia, entre otros aspectos, por su contribución a la educación gracias a la Ley de Instrucción Pública de 1857. Un texto que salió adelante, según testimonian expertos en la Educación, fruto del consenso por el que abogó el político que concilió posturas de la Iglesia y de otras corrientes ideológicas. La Ley Moyano, como coloquialmente se ha denominado, sintetizó normativas educativas previas con la centralización de los contenidos a nivel estatal, la obligatoriedad de la escolaridad desde los seis hasta los nueve años o la separación de la formación en tres niveles educativos, Primaria, Secundaria y Universidad, que todavía persiste en nuestros días. Una ley sólida y unificadora que ha estado vigente hasta el año 1970. Más que muchas constituciones.

La obligatoriedad de la enseñanza desde los seis hasta los nueve años o la división del sistema educativo en Primaria, Secundaria y Universidad, como todavía se concibe en la actualidad, suponen algunas de las contribuciones que en la Historia de la Educación ha tenido la Ley de Instrucción Pública de 1847, impulsada por el zamorano Claudio Moyano (Fuentelapeña o Bóveda de Toro, 30 de octubre de 1809- Madrid, 7 marzo de 1890) cuando ocupó el cargo de ministro de Fomento. A decir de los historiadores la norma estuvo vigente hasta 1970 debido a que «reguló nuevos aspectos», «tenía una base muy sólida» y porque «nació del acuerdo y el consenso», defendido por el político, de cuyo nacimiento se cumple hoy dos siglos.

«La ley fue un gran instrumento para el sistema educativo porque hasta entonces habían existido aportaciones individuales. Fue un gran revulsivo para la creación de los institutos de enseñanza Secundaria y la Universidad», afirma Leoncio Vega Gil, profesor de Educación Comparada e Historia de la Educación de la Universidad de Salamanca. El docente zamorano señala que la norma «no es original, sino que es una síntesis de normas anteriores, aunque dispone de elementos innovadores como la separación de la Secundaria de la educación de la escuela».

La escolarización pasa a tener carácter obligatorio y casi gratuito entre los seis y los nueve años, lo que «supuso una gran revolución pedagógica, puesto que se decreta que los niños de las clases bajas vayan a clase bajo pena de cárcel para los padres», comenta Vega Gil. El autor de «En torno a las relaciones entre moderantismo y educación en España» resalta que se apuesta por la formación por «razones políticas y culturales», pues, en un momento en el que el analfabetismo supera el 75 por ciento de la población, «no se podía entender la construcción del Estado sin una educación básica para la ciudadanía». Sin embargo la gratuidad es relativa. «No tendrán que pagar quienes el cura o el alcalde determine que no tiene recursos, el resto de los niños tienen que aporta en especias o reales», explica Vega Gil al tiempo que el Cronista Oficial de la Ciudad, Herminio Ramos, menciona que «con la Ley Moyano desaparece la concepción de escuela temporera a la que los alumnos iban cuando no eran necesarios para sus padres en las faenas del campo».

Por su parte el historiador Miguel Ángel Mateos remarca que «Moyano apuesta por el sistema napoleónico de separación de la enseñanza en Primaria, Secundaria y Universitaria». La primera formación la costean los padres y los ayuntamientos, en tanto que la Secundaria -los institutos y las nacientes enseñanzas profesionales-, las sufragan las diputaciones. La Universidad y las emergentes escuelas Superiores las pagará al Estado.

Con Claudio Moyano, en la Universidad «aparecen los primeros planes de estudios» y surgen las facultades de Filosofía y Letras así como de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales» que se suman a las tradicionales de Derecho, Medicina, Teología y Farmacia, explica el profesor Mateos que enfatiza: «la educación se centraliza y se fomenta el nacional patriotismo». Así en Primaria a la lectura, la lengua, las matemáticas y las reglas el catecismo se une el estudio de la Historia de la Geografía de España para crear un modelo de instrucción que se basara en el conocimiento de los hechos de España».

El profesor de Historia de la Educación, Leoncio Vega Gil, subraya que la ley de Instrucción Pública prospera gracias a que Moyano «integra en el texto las propuestas de la Iglesia y de otras posturas políticas distintas a la suya». Un reflejo es que se permite que la educación sea pública y privada en todos los estadios, salvo la Universidad que sólo regentó el Estado, y que «la inspección educativa la ejercen los curas, los párrocos y prelados, que velaban por el correcto comportamiento moral».

Con la normativa de 1857 se implanta una libertad de pensamiento, pero «limitada, porque entre los maestros no tuvo vigencia», sostiene Vega Gil, a la par que Mateos estima que «los catedráticos disfrutaron de una plena».

Las consecuencias que conllevó la Moyano no son «totalmente satisfactorias», teniendo en cuenta que una de las pretensiones de la nueva norma era luchar contra el analfabetismo. Y es que en 1900, 43 años después de la promulgación de la Ley, 63 de cada cien españoles todavía no sabían leer y escribir, comenta Vega Gil.

La financiación del sistema educativo supuso otro de los escollos de la Ley «por la carencia de partidas estatales suficientes para respaldar los proyectos» y porque «los docentes no percibían un suelo regularmente de las administraciones locales y provinciales y abandonaban la enseñanza», apostilla Vega Gil que enumera como otras posibles causas del fracaso: «la red precaria de comunicaciones y falta de una apuesta política por el sistema público educativo».

El profesor e historiador Miguel Ángel Mateos defiende que la Ley Moyano «fue la adecuada para el tiempo» y «duró, con algunas variaciones, hasta 1970». «Nos colocó a nivel de Europa educacionalmente», concluye. En cuanto al talón de Aquiles, en su opinión, «falla la dotación económica que debería de haber sido más generosa, pero lo estados liberales son pobres» y añade: «en la enseñanza Primaria se llegó a permitir que el propio padre certificase que el hijo podía hacer el examen de ingreso para el Instituto, cuando el progenitor firmaba con el dedo».

«La estructura educativa en tres niveles representa un avance que no se ha valorado lo suficiente», expone el Cronista Oficial de la Ciudad, Herminio Ramos. El maestro reflexiona sobre el cambio de mentalidad que llevó asociado la fragmentación: «Ya no era una mini elite la que estudia. Se crea un escalón entre la nada, la ignorancia, y la universidad, lo que hizo que Moyano tuviera que luchar contra los caciques que frenaban su apuesta educativa».

El historiador y maestro estima que «no se ha profundizado lo suficiente sobre lo que socialmente ha significado una ley que ha durado más de un siglo, mucho más que algunas constituciones y que muchos actuales planes de estudios».