La juez imputa sólo un posible delito contra los derechos de los trabajadores, penado con hasta tres años de prisión, a los dueños del club de alterne "El Elefante de Oro", el hijo de éstos. O.E.J; a tres empleadas, E.C.F.M., C.R.E.M. y M.S.F.; y a J.V.P., un taxista de Coreses. Esto implicaría el reconocimiento, de hecho, de una relación laboral de las mujeres que prestan sus servicios en el establecimiento y, por tanto, una posible condena por no observar las normas de seguridad e higiene en el trabajo, de afiliación a la Seguridad Social y asistencia sanitaria que estipula la Ley.

A este respecto existen sentencias sobre casos similares en los que los magistrados admiten una vinculación laboral entre las mujeres que ejercen la prostitución y los dueños de los clubs en los que trabajan, indican fuentes judiciales consultadas por este diario. No obstante, los propietarios de "El Elefante" declararon ante la juez instructora que las mujeres que se alojan en las habitaciones del establecimiento, registrado como hostal, no tienen ninguna relación laboral con el mismo y que se limitan a alquilar las habitaciones que ocupan. En cualquier caso, las penas de prisión que se solicitarán no superarán los nueve años, tal y como indica el hecho de que el sumario se haya transformado en un procedimiento abreviado.

En la disposición judicial -importante porque define el delito que se imputa a los procesados, paso previo a la calificación de los hechos y apertura de juicio oral- la magistrada explica que «las diligencias se iniciaron por un hecho ocurrido en la ciudad de Zamora», por el que se detuvo a siete personas acusadas de «favorecer y promover la inmigración clandestina para promover la prostitución». Sin embargo, de la investigación llevada a cabo durante el año y cuatro meses de instrucción judicial se desprende sólo «un presunto delito contra los trabajadores», apunta la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4, cuya decisión ha sido recurrida por los abogados de dos de los imputados, que sostienen la inocencia de sus clientes.

La juez desestima, pues, la imputación de los titulares del negocio, A.E.P. y M.J.R.M., en un posible delito de tráfico de personas para su explotación sexual en clubs y, por tanto, la pertenencia de todos los acusados a una red organizada que introducía en España a mujeres argentinas para tal fin, como sostuvo la Policía y el fiscal durante la investigación. Tampoco menciona en el escueto auto la posible comisión del delito de tenencia, tráfico y depósito de armas que la Policía Nacional atribuyó al dueño de "El Elefante" tras la operación que dirigió la Brigada Central de Extranjería.

El auto no hace referencia expresa a ninguno de los artículos del Código Penal relativos a delitos contra los trabajadores, lo que dejaría las manos libres al Ministerio Fiscal para que efectúe su escrito de acusación, en el que podría incluir la presunta comisión por parte de los acusados de un delito de tráfico ilegal de personas. Una vez resueltos los recursos, el fiscal calificará los hechos y de su escrito se dará traslado a los procesados para que argumenten su defensa.