Los socialistas acusan a la Junta de tratar de «cerrar en falso» y «echar tierra encima» de la investigación de la "trama solar" que durante el pasado verano provocó la dimisión o destitución de seis cargos de la Administración regional, dos de ellos en Zamora, José Bahamonde (ex jefe del Servicio de Industria) y Manuel Méndez, que cuando estalló la polémica ocupaba la secretaría de la Delegación Territorial.
El PSOE se apoya en el informe elaborado por la Consejería de Economía y Empleo sobre las autorizaciones administrativas de las instalaciones de energía tofovoltaica relacionados con cargos y funcionarios de la Junta. Este informe concluye, recoge Efe con declaraciones del procurador socialista Jorge Félix Alonso, que siete meses después de que se produjeran dimisiones, para la Administración autonómica «todo está adecuadamente».
El documento de la Consejería de Economía y Empleo mantiene que, tras la inspección de los expedientes remitidos por los Servicios de la Junta en León, Valladolid y Zamora, «se puede afirmar que los trámites administrativos se han cumplido con estricta sujeción a la normativa establecida». Alonso se pregunta la razón por la que dimitieron los cargos involucrados en esta investigación «si todo estaba de acuerdo», y ha ironizado al cuestionarse «por qué les obligaron a dimitir». Por último, para el responsable de Economía del Grupo Socialista en las Cortes la Junta «no ha hecho una investigación» sobre esta «trama», ya que debería haber llamado a las personas que dimitieron para conocer las relaciones de sus actividades empresariales con su responsabilidad dentro de la Administración Autonómica. En el informe elaborado por la Consejería habla de la revisión de 6.786 expedientes administrativos relacionados con la adjudicación de instalaciones de energía solar fotovoltaica.
Alberto Castro, máximo responsable de la Delegación de la Junta en Zamora, ha solicitado a los socialistas «respeto» hacia los dos expedientes disciplinarios abiertos a José Bahamonde y Manuel Méndez, «en los que trabaja un instructor que es funcionario público, y que se desarrollan en plazo». Hasta que no concluyan, advierte, no es procedente realizar ninguna valoración al respecto.
Tal y como confirma el informe de la Consejería, el delegado de la Junta asegura que, efectivamente, «desde el punto de vista administrativo los procedimientos están correctos, aunque lo que se trata de delimitar es si el comportamiento de los funcionarios públicos fue o no lícito, lo que motivó la apertura de los expedientes disciplinario». En definitiva, añade, y al margen del centenar de trámites administrativos que anteceden a una concesión, «hay que averiguar si se cumplió o no con la Ley de Función Pública».
Las supuestas actividades privadas de Bahamonde y de Manuel Méndez provocaron la apertura de los dos expedientes sancionadores para esclarecer su posible responsabilidad, aunque ambos están ya apartados de sus cargos. En el caso de José Bahamonde, de la Oficina de Trabajo, puesto que ocupaba cuando se hicieron públicas las supuestas irregularidades en la "trama solar", mientras que el secretario territorial presentó su dimisión, que fue aceptada por los responsables de la Junta.
