La Policía Nacional ha realizado tres inspecciones en "El Elefante de Oro" en dos meses, tras la detención del propietario y su compañera sentimental el 28 de noviembre. En la última, el lunes pasado, la veintena de agentes dirigidos por la Brigada de Extranjería de Zamora revisó las habitaciones de las mujeres e inició la tramitación de siete expedientes de expulsión tras detener a varias de ellas, según datos facilitados por fuentes próximas a la investigación.

Dos de esos expedientes han sido rechazados por la juez, decisión que, al parecer, ha recurrido la Policía; mientras que se abrieron tres de repatriación inmediata y a las otras cuatro, «aunque están en situación legal, con sus visados de turistas en vigor, también les van a iniciar expedientes, por lo que se podría está vulnerando su derecho a la libre circulación como turistas, condición que les permite hacer lo que quieran», apuntaron fuentes próximas a las mujeres, que se alojan en un establecimiento «registrado legalmente como hostal», recuerdan. Entre las detenidas estaría una joven que llegó a España hace menos de una semana y que dispone del permiso de permanencia.

Ante la Policía Nacional las siete detenidas habrían reconocido que ejercen la prostitución libremente, sin ninguna coacción. También habrían insistido en que «es una actividad que no está ilegalizada, ni penalizada y que realizan de forma totalmente voluntaria», incidan las mismas fuentes. De las diligencias que se tramitan en el Juzgado número 4 de Zamora ha trascendido que las mujeres que denunciaron a los dueños del club estuvieron en el establecimiento de Coreses entre los años 2003 y 2004, y que han seguido ejerciendo la prostitución después de abandonar "El Elefante". Se sospecha que se dedicaban a la misma actividad antes de llegar a Coreses.

La mujer que testificó el viernes pasado, el mismo día que la juez decidió poner en libertad a los seis detenidos por el caso, declaró que estuvo en el club a primeros del año pasado, que ejercía la prostitución en Zamora «libremente» y que luego prosiguió en Tordesillas y otros lugares del país. Durante su comparecencia se le preguntó porqué no había firmado las manifestaciones efectuadas en mayo y junio pasado ante la Policía Nacional relacionadas con el "caso de El Elefante", a lo que habría respondido que porque fueron manifestaciones hechas al jefe de Extranjería por la relación de que les unía, puntualizan las mimas fuentes.

Los propietarios de "El Elefante", que preparan estos días su defensa, niegan los delitos que se les imputa. El de inducción a la prostitución porque las propias mujeres declaran que ejercen libremente la actividad, sin ser coaccionadas ni obligadas; y el de inmigración ilegal porque todas las jóvenes que se alojan en el hostal tienen sus papeles en regla y si su permiso de estancia ha caducado «es un problema suyo, ellos sólo alquilan las habitaciones».

Por tanto, el delito contra los derechos de los trabajadores del que se les atribuye tampoco se sostendría, al carecer de ningún tipo de vínculo laboral con esas personas. «Ellos tienen doce trabajadores con sus contratos, pero las mujeres son clientes que se alojan en el hostal». En cuanto al de pertenencia a una red de tráfico de mujeres para la explotación sexual, las mismas fuentes aseguran que no existe relación con ninguna organización de ese tipo y que son las chicas las que contactan para alquilar habitaciones.

Ni drogas, ni pasaportes y mujeres retenidas en el local

La petición del registro que originó la detención de los dueños de "El Elefante de Oro" y otras cuatro personas se basó en la sospecha de que en el establecimiento se manejaban drogas, se retenían pasaportes a las mujeres alojadas en el club, en que había mujeres en situación de secuestro; y pasajes de avión que supuestamente se enviaban a las mujeres para facilitarles su llegada a España. Pero los policías de la Brigada de Extranjería «no encontraron nada», manifiestan fuentes próximas al caso. «Nunca se han retenido pasaportes, siempre se realiza una ficha de la mujer que se aloja, se adjunta una fotocopia de ese documento y se le devuelve de inmediato. La Policía lo sabe porque lleva años inspeccionando el club».

El registro, en el que al principio no se habría dado mayor importancia ni a las joyas ni a las armas que después se requisaron, se quedó en menos de lo esperado. Las mismas fuentes afirman que los 213.780 euros requisados por la Policía impidieron «el pago de las facturas pendientes de las obras de ampliación y de las nóminas y extras de diciembre de los trabajadores». Por lo que respecta a las joyas, las mismas fuentes mantienen que se trata de una colección particular y algunas son herencias familiares. Al tiempo indican que el dueño del local «sólo ha invertido en mejorar y ampliar el negocio y en adquirir colecciones», como los relojes incautados. Las dos armas requisadas tienen su licencia e incluso una está anulada por la Guardia Civil.