El Ayuntamiento ya trabaja en la elaboración del pliego de condiciones técnicas para la contratación de una nueva empresa que se encargue de la vigilancia de los estacionamientos situados en zona azul y de los aparcamientos subterráneos de la Plaza de la Constitución y San Martín.
La intención del Consistorio es sacar a licitación el servicio antes de finales del próximo mes de febrero, fecha anunciada por la actual empresa adjudicataria, Urbaser, para renunciar al mismo. Una amenaza que el concejal de Obras y Economía, José Luis González, considera «no fundamentada», algo que ha transmitido a los responsables legales de la empresa con los que ayer ha mantenido un encuentro para abordar los términos de la supresión del servicio. «La empresa tendrá que continuar con su actividad hasta que se realice la nueva adjudicación», explica el edil, quien matiza que «se trata de una medida transitoria y provisional». De hecho, el Consistorio ya ha iniciado el expediente de liquidación económica para efectuar la nulidad del contrato actual.
La continuidad de las labores de vigilancia de la zona de la ORA y de los dos aparcamientos subterráneos conlleva el mantenimiento de los 24 puestos de trabajo que se encargan de la prestación de ambas actividades.
Sobre la posibilidad del Consistorio de asumir la plantilla de trabajadores en caso de materializarse la renuncia anunciada por Urbaser, González aclara que el Ayuntamiento no podría contratar directamente a estos trabajadores, tal y como constata un informe técnico municipal al considerar que la institución local no gestiona directamente el servicio.
Por su lado, los trabajadores ya han anunciado su intención de emprender movilizaciones en caso de que el equipo de gobierno municipal no cumpla su promesa de garantizar sus puestos de trabajo. Las concentraciones o la omisión de la ejecución de las multas en las zonas de la ORA son dos de las fórmulas de presión que podrían estudiar los trabajadores, tal y como acordaron en una asamblea celebrada la semana pasada.
Antecedentes
La renuncia del servicio con la que ha amenazado Urbaser se fundamenta en una sentencia del Tribunal Supremo, que anuló la adjudicación por carecer de anteproyecto y estudio económico. La gestión de la recaudación de la zona azul y de los aparcamientos de la Plaza de la Constitución y San Martín a cargo de esta empresa comenzó en 2001.
La compañía ha pedido una indemnización al Ayuntamiento que asciende a siete millones de euros correspondientes al valor de la construcción de ambos aparcamientos y por el lucro cesante de los 32 años de gestión que le quedaban para concluir el contrato.
