Más de 70 opositores de la Diputación han presentado alegaciones en el expediente abierto por la posible filtración de exámenes en las pruebas convocadas para cubrir 31 plazas de operario de establecimiento en la residencia Virgen del Canto, de Toro. Finalizado ayer el plazo de tres meses que contempla la Ley para que todos aquellos que consideren que tienen algo que decir al respecto lo hagan (la Diputación instó por escrito a los 300 opositores a que dieran a conocer su versión), dos de cada diez afectados han remitido sus alegaciones en torno al proceso de selección, unos a favor del resultado obtenido en la primera de las pruebas (la superaron 51 personas) y otros en contra al entender que efectivamente se produjeron irregularidades.

El diputado de Personal e instructor del expediente, José Ignacio Isidro, confirmó ayer que una vez finalizado el plazo de tres meses para la instrucción y recopilación de todos los documentos necesarios, ahora se abre un segundo periodo de quince días para ofrecer una segunda audiencia a cualquier persona que pueda estar interesada en aportar nuevos datos. «Se trata de dos semanas para aportar cualquier cuestión de última hora, porque legalmente hay que hacerlo así», asegura.

Una vez superados estos trámites previos, y con el expediente completo, especifica Isidro, se elaborará una propuesta de resolución que se hará llegar al presidente de la Diputación, Fernando Martínez Maíllo. Para redactar esta propuesta de resolución no hay un plazo legal, apunta el diputado responsable del área, «aunque intentaremos tenerla a la mayor brevedad». Las alegaciones han llegado prácticamente a cuentagotas durante los tres meses habilitados a este objetivo. De hecho, las últimas son de este mismo mes de enero, señala Isidro, quien admite que el número de escritos es elevado, «porque han alegado más personas de que las que se pensaba que iban a hacerlo, aunque en ambos sentidos, tanto a favor como en contra del proceso»

Junto a las más de 70 alegaciones de los opositores, el expediente contiene un informe de cada uno de los miembros que componían el tribunal calificador de los exámenes y que también se han pronunciado sobre las presuntas filtraciones. Nada más conocerse la denuncia y el recurso de alzada presentado por 9 de los participantes en las pruebas de operario de establecimiento, el tribunal decidió paralizar de forma cautelar todo el proceso para cubrir los 31 puestos de operarios de establecimientos en la residencia de Toro hasta que se aclare si el proceso desarrollado es o no legal. En el último de los supuestos sería necesario anular la selección y volver a empezar con las oposiciones desde la convocatoria.

Representantes sindicales y los partidos de la oposición en la institución han denunciado que la presunta filtración de preguntas podría haber favorecido fundamentalmente a militantes del PP y a familiares de algunos de sus cargos públicos.

Una polémica que comenzó en octubre y que tiene visos de terminar en el Juzgado

La primera instancia en la que puede resolverse la denuncia sobre supuestas irregularidades en exámenes de la Diputación es la propia institución provincial. Por ello sus responsables decidieron abrir un expediente y tratar de analizar las alegaciones presentadas por las distintas partes antes de pronunciarse. A partir de ese momento hay dos opciones: o bien se dan por buenas las pruebas celebradas o bien se anulan y se vuelven a convocar las oposiciones para las 31 plazas de operarios de establecimientos. En cualquiera de los casos la decisión va a generar descontentos, algunos de los cuales es más que probable que decidan acudir al Tribunal Contencioso-Administrativo, máxime cuando se trata de un número tan elevado de interesados en los puestos (se presentaron 300 aspirantes).

Aunque inicialmente se indicó desde el equipo de Gobierno que la resolución estaría en un plazo máximo de tres meses, lo cierto es que se va a prolongar al menos quince días más (los de la segunda audiencia a los interesados), al margen del tiempo que tarde el instructor en dar a conocer su propuesta sobre la validez de los exámenes celebrados.