El fiscal jefe descarta indicios de delito en la actuación del ex jefe de la Unidad de Carreteras de Zamora, Diego Morillo, respecto de la modificación del proyecto de la autovía A-11, en las proximidades de Montelarreina, la aprobación de conexiones desde las localidades de Matilla La Seca y Fresno de la Ribera, y a un futuro polígono industrial, cuyos terrenos fueron comprados por la esposa del funcionario. La razón del archivo de la investigación es que «fue el Ministerio de Fomento y no Morillo quien emitió el informe favorable concediendo el acceso a la autovía con criterios de carácter técnico», declaró ayer a este diario Rafael de Vega Irañeta .

El decreto descarta, como presumían IU y la Subdelegación del Gobierno en sus denuncias contra Morillo, que éste pudiera incurrir en un delito de negociaciones prohibidas a funcionario en beneficio propio o de su esposa. Para desterrar tal posibilidad, el fiscal jefe añade que la adquisición de los terrenos que se podrían revalorizar con la modificación del trazado se produce dos años después de acordadas las variaciones, según los datos recogidos en el Registro de la Propiedad y del Mercantil. La Fiscalía añade que todas las fincas de las inmediaciones «eran de la misma persona, Pedro Mora». Precisamente, IU puntualizaba ayer que se trata del socio de la mujer de Morillo, por tanto, el acceso al polígono industrial «la beneficiaba e indirectamente a él», explica la coordinadora de la coalición, Laura Rivera. Concluye que «una mínima investigación podría haber apuntado la irregularidad», mientras valora como «lógico el archivo si sólo se analiza la documentación» administrativa.

Otro de los argumentos que utiliza De Vega es que toda la tramitación para la construcción de la autovía fue publicada en el BOE, es decir, «ha tenido carácter público, por lo que ni ha tenido un carácter secreto, ni privilegiado» como exige el Código Penal para que exista delito. Tampoco observa «irregularidad en la tramitación del expediente», de acuerdo con el estudio de la información facilitada por el Ministerio de Fomento.

Finaliza diciendo que es la empresa Trenza Metal, promotora del polígono industrial en la zona y «no las otras personas denunciadas», la que realiza la consulta al Ayuntamiento de Toro para saber si los terrenos adquiridos -situados entre la autovía y el encinar protegido, a la altura de la curva- son de uso industrial.

Desde IU se muestran «parcialmente satisfechos» con la decisión del fiscal porque «al menos logramos paralizar un posible abuso de quienes teniendo responsabilidad como funcionarios han llevado a cabo una trama para obtener beneficios». Laura Rivera puntualiza que el delito de recalificación de suelo industrial en Montelarreina para crear el polígono, en una zona de riqueza ambiental -que obligó a modificar el proyecto de la A-11 y realizar una curva para preservar el encinar- no llegó a producirse porque «al denunciarlo a la Fiscalía logramos paralizarlo». En ese polígono se preveía la construcción de una gasolinera que podría haber beneficiado a la empresa de la que es socia la esposa de Morillo, se insinuó en su día por parte de los denunciantes, cuestión que también cree indemostrable el fiscal.