Los magistrados de la Audiencia Provincial de Zamora se desplazarán a Salamanca este mes para celebrar un juicio que resolverá la denuncia por un asunto urbanístico de la localidad de Villamayor, promovida por propietarios de una urbanización, de la que forma parte una funcionaria de la Audiencia salmantina. Precisamente esta circunstancia es la que ha impedido a los cinco magistrados de Salamanca asumir el procedimiento penal iniciado contra el constructor de una urbanización en el municipio charro, al que se le pueden imponer penas superiores a los cinco años por el delito que se le imputa.
La intervención de la sala de Zamora se produce después de la abstención en esta causa de los magistrados de la Audiencia salmantina, que obligó al Tribunal Superior de Justicia de Valladolid a designar otro tribunal para enjuiciar al promotor de la urbanización. Hasta la Audiencia charra se trasladarán el presidente de la Audiencia de Zamora, Luis Brualla Santos-Funcia, y los magistrados Pedro Garzón y Andrés Enzinas.
El caso que se denunció en Salamanca concierne al incumplimiento por parte de un promotor que vendió unos chalés adosados con la dotación de una piscina comunitaria. Sin embargo, a la hora de hacer entrega de las viviendas, los compradores se encontraron con la sorpresa de que la mencionada piscina no existía. Al parecer los terrenos en los que se pensaba construir la infraestructura no estaban calificados para tal uso.
El promotor ofreció la dotación en otros terrenos, pero una parte de los adquirientes declinó tal propuesta e interpuso una denuncia por vía penal contra el empresario. Al ser una de las propietarias una funcionaria de la Audiencia, los magistrados salmantinos tuvieron que abstenerse de juzgar la causa para evitar su probable recusación por un posible interés en la resolución.
El caso
El promotor de una urbanización vende chalés con una piscina privada. Cuando se entregan las viviendas, los compradores comprueban que la dotación no existe. Los terrenos no estaban calificados para tal uso.
Algunos propietarios denuncian por vía penal al empresario, entre ellos una funcionaria de la Audiencia de Salamanca. La causa acaba en esta instancia judicial, al poderse imponer penas de cárcel superiores a cinco años para el promotor. Los magistrados charros se ven obligados a abstenerse de juzgar la causa por la vinculación de la funcionaria.
