Rosa Valdeón está dispuesta a llevar a cabo un plan de saneamiento económico e incluso a pedir una autorización especial que permita ir a un préstamo mayor si el Ayuntamiento tuviera que hacer frente a pagos extraordinarios, como los derivados de sentencias judiciales. Así lo ha asegurado la mandataria municipal en respuesta a la petición de Izquierda Unida, cuyos concejales reclaman «un informe urgente que aclare la situación económica» a la que se enfrenta la institución por las últimas sentencias que afectarían al presupuesto actual. Aunque ninguna de las resoluciones judiciales se refieren a la gestión de Valdeón, ya que alguna incluso datan de dos décadas atrás, la alcaldesa deberá habilitar las partidas necesarias para hacer frente a los gastos que originarían a las arcas locales.
La coalición se refiere a la sentencia sobre la concesión a Urbaser de los aparcamientos y ORA (IU habla de hasta 7 millones de euros); la dirigida a indemnizar a los propietarios de la ampliación del cementerio en 1998 (5 millones), la relacionada con la antigua vinícola del barrio de La Horta (3 millones) y el resultado del informe que podría desembocar en la anulación del contrato para la construcción del nuevo edificio municipal. Pese a ello, la alcaldesa insiste en que se trata de cuatro asuntos «aun sin cuantificar».
En el caso de la sentencia sobre la concesión de los aparcamientos y la ORA, señala que «no está resuelto todavía, porque tenemos que hacer la resolución con ellos». Tampoco hay nada decidido en el caso de los propietarios de la ampliación del cementerio, prosigue, porque «la sentencia no cuantifica exactamente, y ahora hay que decidir qué precio entendemos nosotros que corresponde». Respecto a la reciente sentencia sobre la vinícola, la regidora advierte que es «un expediente que no está cerrado, que tenemos que resolver, y sobre el que sólo existe una estimación de los propietarios». Por último, y en cuanto al contrato de alquiler con derecho a compra del nuevo edificio municipal, la alcaldesa recuerda que los informes técnicos «aún no lo han resuelto y se están estudiando las distintas posibilidades». En definitiva, subraya, «ninguno de estos casos está cerrado ni cuantificado. Probablemente haya que pagar algo, pero primero habrá que ver de qué cantidad se trata, aunque nunca va a llegar a esas cifras de las que habla Izquierda Unida».
La coalición denuncia que en el presupuesto de este año el equipo de Gobierno sólo puede pedir un préstamo de 2,7 millones, «ya que es esa cantidad el equivalente al ahorro neto para poder dedicar a otros menesteres. Y eso es lo que dice la Ley: que el préstamo no puede ser mayor que la capacidad de ahorro».
Valdeón es partidaria, «si se necesita porque todos estos procesos judiciales concluyan en el peor de los supuestos», de buscar «la fórmula de intentar desde el Ayuntamiento disponer de más dinero, y las hay». De entrada, la alcaldesa apuesta por hacer un plan de saneamiento e incluso pedir una autorización especial, en el peor de los supuestos , pero se podría hacer y habría que hacerlo».
El PSOE amenaza con acudir a los tribunales si no se informa sobre el nuevo puente
El PSOE denuncia que el equipo de Gobierno ha «incumplido« la obligación legal de convocar una comisión informativa de Economía y Obras con carácter extraordinario para analizar, entre otras cuestiones, el estado de tramitación del proyecto de construcción del nuevo puente sobre el Duero. El portavoz socialista, Carlos Hernández, ha presentado un escrito en el que vuelve a pedir la convocatoria de la misma, al tiempo que advierte que podría incluso acudir a los tribunales para exigir su celebración.
Rosa Valdeón, por su parte, ha adelantado ya que en los próximos días se celebrará la comisión extraordinaria de Economía y Obras, «y se les explicará todo». El proyecto de construcción del puente como tal, afirma, «está en Valladolid y no hay ningún problema. El PSOE sabe perfectamente que la declaración de interés regional y todo lo que se ha propuesto para este proyecto tiene un tiempo, como todo». En estos momentos, especifica también, «ya está la financiación al cien por cien, ya está el proyecto de Manterola y faltan el proyecto de los accesos y todos los trámites de expropiaciones, en los que ya se está trabajando.Y a partir de ahí, sin pausa, se llegará a la declaración de interés regional. Se trata, concluye, «de trámites complejos y todo va a depender de la tramitación del proyecto de ley de interés regional, aunque no debe de haber ningún problema en ello».
