Un estudio encargado por la Concejalía de Medio Ambiente, para adaptar las áreas infantiles y evitar elementos que pudieran causar una lesión a los pequeños usuarios, constató en septiembre de 2006 que «todas las zonas de juego de la ciudad son correctas y cumplen la normativa europea». El concejal de Medio Ambiente, Feliciano Fernández, rebate con ese informe al grupo municipal socialista, que ha denunciado que la práctica totalidad de los parques de los barrios periféricos incumplen la norma europea sobre "revestimientos de las superficies de las áreas de juego absorbentes de impacto".

El también portavoz del equipo de Gobierno del PP asegura que la Concejalía de Medio Ambiente ha invertido en los últimos diez años 544.500 euros en la creación de nuevas zonas de juego y en la sustitución de elementos antiguos o fuera de normativa. Fernández tacha de «mentiras» las quejas de los socialistas y argumenta que, si bien no todos los parques tienen suelo de caucho, «la normativa lo que dice es que hay que garantizar la seguridad y hacer una previsión de impacto, pero no obliga a utilizar el caucho; el elemento más normal en un parque es la arena». En cuanto a los materiales de los juegos, en el Ayuntamiento se apunta que el cumplimiento es en ese apartado «un aspecto complicado dado las características de la normativa y lo cambiante de la norma». En la anterior legislatura se trabajó en 32 zonas de juego, de las 46 que son. En el caso de 23 se realizó un concurso de suministro y mantenimiento, mientras las nueve restantes fueron de nueva creación. Además, subrayan que la limpieza se realiza con frecuencia. Para 2008 se habla de dos nuevas áreas infantiles en el barrio de Carrascal y en las laderas de la calle Villalpando. Ambos proyectos está en contratación y ascienden a 82.440 euros.

Desde la institución local se insiste, además, en no tener constancia de accidentes de gravedad en los parques infantiles. «Nunca el Ayuntamiento de Zamora ha tenido que indemnizar por responsabilidad patrimonial ni se han planteado reclamaciones judiciales contra la institución».