El grupo municipal socialista ha interpuesto un recurso de reposición contra el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local a finales de diciembre para aprobar el borrador del convenio de colaboración entre la Universidad de Valladolid y el Ayuntamiento de Zamora de cara a concluir los trabajos de revisión del PGOU. El acuerdo contempla que la institución municipal abonará 227.800 euros, una cantidad que «multiplica casi por siete la acordada en el convenio de 2004 (30.000 euros) y el de 1996 (48.000 euros) para el mismo trabajo de revisión», critica el portavoz del PSOE local.

Carlos Hernández, sospecha también de la existencia de relaciones de parentesco entre «un arquitecto adscrito a la Universidad de Valladolid que elabora el documento y un alto cargo del PP en Zamora», denuncia. Una situación por la que Hernández exige también al equipo de Gobierno la relación de los técnicos del Instituto de Urbanística que van a intervenir en la redacción de los trabajos. Además, «no obran en el expediente remitido al órgano local los escritos remitidos por fax por los organismos dependientes de la Universidad de Valladolid que proponen el convenio ni las contestaciones remitidas desde el Ayuntamiento». Estos documentos «deberían formar parte del expediente, tal y como obliga el reglamento» ya que podrían acreditar «que el precio de la prestación pactado es mayor que el que figura en el documento aprobado». Hernández insinúa la posibilidad de «haber convenido que la diferencia entre el pactado y el que figura se complete con una subvención nominativa al carecer la Universidad de ánimo de lucro». Esta circunstancia «evitaría tener que llevar a Pleno la aprobación», razona.

Otro de los motivos en los que se basa el recurso socialista estriba en la «falta de un informe de Intervención que justifique la adecuación al mercado del valor asignado a la prestación laboral», a pesar de que el concejal de Urbanismo, Feliciano Fernández, ya argumentó en su momento que «este documento se dio "de voz" en la Junta Local de Gobierno y se dijo que quedaría reflejado por escrito», defendió. Además, Hernández denuncia que «no consta tampoco en el expediente ningún otro informe jurídico, a pesar de que el único obrante no informaba ni sobre la legitimación de los contratantes ni sobre el objeto». Critican, además, la falta de adaptación tanto a la normativa regional de Urbanismo como a la ley estatal del suelo, ya en vigor, sin olvidar que el convenio se ha adjudicado «al margen del procedimiento legal establecido, sin publicidad y sin concurrencia, lo que determina su nulidad de pleno derecho», expone.