El Ayuntamiento de Zamora tendrá que indemnizar con 3,2 millones de euros a la empresa Vinícola Zamorana S.L. por la expropiación y el cierre ilegal de sus instalaciones hace 19 años, según acaba de decidir el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
La larguísima batalla legal ahora resuelta comenzó el 21 de junio de 1988, cuando la institución municipal decretó el cierre de la fábrica situada junto a la iglesia de Santa María de La Horta, convertida hoy en hotel. Desde entonces, sus propietarios se han visto inmersos en una lucha legal en defensa de sus derechos, pidiendo ser indemnizados por el daño patrimonial que supuso el cierre ya que además de las pérdidas de la explotación por cesar en su actividad «hubo que indemnizar a todos los trabajadores».
El caso terminó en el Tribunal Supremo, que falló a favor de la empresa. El Ayuntamiento inició entonces un expediente de daño patrimonial que nunca se cerró. Desde entonces, el expediente se ha mantenido en un «silencio administrativo esperando que el tema prescriba», afirman fuentes cercanas al caso. Los propietarios insistieron una y otra vez en el Ayuntamiento para que el expediente se concluyera y se les indemnizara, pero pasaban los años y la Administración nunca se pronunció. Finalmente, se decidió recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, cuya sala de lo contencioso-administrativo ha dictado una sentencia en la que obliga al Ayuntamiento a «resolver» el expediente abierto hace 12 años y, por lo tanto, proceder a la indemnización. La sentencia del TSJ no se puede recurrir.
Los abogados de la empresa solicitaron en un principio el pago de 272,9 millones de las antiguas pesetas (1,6 millones de euros) al Ayuntamiento de la capital, pero ahora a esta cantidad «habrá que sumarle los intereses correspondientes a los 12 años que han transcurrido». Fuentes cercanas al caso afirman que la cantidad se incrementará en una media de un 8% anual, lo que supone otro millón y medio de euros. En total, el Ayuntamiento deberá indemnizar a la Vinícola Zamorana con una cantidad próxima a los 3,2 millones de euros.
Como dato curioso, en la sentencia, que fue dada a conocer ayer, aparece como representante del Ayuntamiento el abogado José Carlos Hernández Figueruelo, actual portavoz del PSOE en el Consistorio zamorano.
La batalla judicial entre la empresa y la Administración local ha durado más de 20 años
La primera vez que el Ayuntamiento decidió cerrar la Vinícola fue en diciembre de 1984. El alcalde de entonces, Andrés Luis Calvo, aseguraba que la actividad de la fábrica podía ser peligrosa para el entorno.
La Opinión-El Correo recogía en el año 1995 la imagen del propietario de la Vinícola, Vicente Díaz Cano, como un hombre desesperado que veía como cerraban su negocio con todas las licencias en regla. A pesar de todo, mantuvo una gran confianza en la justicia que finalmente, les ha dado la razón. "Menos mal que todo este asunto se resolverá en breve. Tengo una fe completa en la Justicia y espero que nos de la razón", explicaba en una entrevista en febrero de 1995. Han tenido que pasar doce años para que finalmente los propietarios vean cercana la posibilidad de una indemnización.
El Ayuntamiento trató varias veces de negociar con la fábrica para evitar que el asunto llegara a los tribunales. Andrés Luis Calvo llegó a ofrecer a los propietarios 8 millones de pesetas (48.000 euros), una cifra que los propietarios de entonces consideraron ridícula y que dista mucho de la que tendrá que pagar la institución municipal.
