La Asociación de Promomotres Inmobiliarios de Zamora (Asprinza) celebró ayer una asamblea a la que asistieron 25 de sus asociados y representantes del sector de las inmobiliarias zamoranas en la que se volvieron a abordar los dos asuntos que se han convertido en los caballos de batalla del colectivo en la última semana: la reducción del plazo de concesión de licencias y que éstas no se vean condicionadas o paralizadas por el proceso de revisión en el que se encuentra inmerso el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Al término de la reunión, el presidente de la asociación, Román Rollón, negaba la supuesta división de la misma y aseguraba sentirse «totalmente amparado por la asociación en la gestión que estoy realizando para que la concesión de licencias se aprueben en 90 días y para que el PGOU no las paralice». Afirmación a la que añadió otra no menos rotunda al asegurar que «estamos todos a una y todos unidos para conseguir estas dos cuestiones». Atrás queda el rumor de una posible petición de su dimisión y de las discrepancias dentro del colectivo, de los que parte de sus integrantes desautorizaron días atrás algunas manifestaciones realizadas por Román Rollón.

En este sentido y en referencia al encuentro que mantuvo el pasado martes con la alcaldesa, Rosa Valdeón, el portavoz de los promotores inmobiliarios de Zamora sostiene que ya ha recibido el compromiso de la regidora «para lograr que la concesión de licencias se reduzca a 90 días y no se prolongue más de un año como ocurre en la actualidad», aunque matiza que la regidora «sólo se ha comprometido a lograrlo, pero no ha dado ningún plazo para ello». Dentro de este proceso de negociación emprendida con el Ayuntamiento, los promotores inmobiliarios zamoranos tienen previsto mantener hoy un nuevo encuentro con la alcaldesa en la que insistirán en la necesidad de reducir la demora que se produce en la actualidad en la concesión de licencias y en la que propondrán al equipo municipal posibles soluciones que ayuden a alcanzar ese objetivo. Algunas de los factores que, a juicio de los empresarios, causan este retraso son «la excesiva minuciosidad del proceso», así como una falta de «mayor delimitación de funciones».