Rosa Borja tiene un niño de cinco años y vive en casa de sus suegros desde que su marido ingresó en prisión. José Luis Jiménez ha pasado cinco años sin firmar un contrato y denuncia la discriminación del colectivo calé en las entrevistas de trabajo. Rosi Esteban, separada y con un hijo, está harta de la «explotación» en bares y casas. Los tres se ocupan ahora en los trabajos para la eliminación de barreras arquitectónicas contemplados en el Empatiza, el programa con fondos europeos que forma a medio centenar de personas, todas con dificultades de inserción laboral. Todos saben que en junio, cuando acabe el proyecto, «todo quedará en agua de borrajas» y dejarán de percibir los casi 300 euros mensuales que cobran ahora. Tienen tantas ganas, y necesidad, de trabajar que hasta se han ofrecido, algunos, a echar una mano en las obras de Santa Clara para que la calle «esté lista en Semana Santa».

El grupo, formado por 36 alumnos en albañilería y otros 16 en carpintería, acaba de concluir la remodelación de una plaza en San Lázaro, en la confluencia entre las calles Valorio, Nuestra Señora del Tránsito y Bosque. Lo que antes eran dos isletas en medio de una calle que había que cruzar para acceder a ellas, hoy es una vasta prolongación de acera que permitirá destinar un área como parque infantil y jardín, y otra como zona de ocio para los mayores. También han hecho obras para las conducciones de agua y han elevado el nivel del suelo, lo que ha conllevado picar con martillo hasta 40 centímetros de brea. «Esto antes era una pradera y ahora es una plaza», comenta una alumna. Pero la conversación sobre las obras cambia enseguida de tercio, con las miras puestas en un puesto de trabajo. «Que no haya racismo, que lo que queremos es trabajar», reclama Aurora Giménez. Porque «mejor trabajar que robar».

Ellos tienen más posibilidades que ellas para emplearse como albañiles o para trabajar la madera. «Tere es pequeñica pero tiene una fuerza de la leche», comenta alguien sobre una compañera. Pero «nos cierran puertas en cuanto dices la edad, y si tienes hijos más». Algunas son mujeres separadas y con cargas familiares que llevan años en el paro. Entre las historias que se entremezclan en el Empatiza está el caso de tres nueras que viven juntas bajo el techo de los suegros, con siete niños en total, y con sus tres maridos en prisión. O el de María, perceptora del IMI con tres hijos y un marido en paro. También hay extranjeros, como el colombiano Alexandro Urrea y el ecuatoriano Javier Francisco Ramírez. Ambos están a punto de cumplir condena en el Centro de Inserción Social por servir de correos de la droga. Sueñan con encontrar un trabajo y «reinsertarnos» en Zamora.

«Nuestra capacidad se limita a este programa y a la contratación directa mediante la convocatoria de plazas, que están cubiertas; la Administración tiene que facilitar medios, pero es la privada la que tiene que contratar», explican el concejal de Servicios Sociales, Pedro Roda, y la gerente del Empatiza, Renata López. Pero hay quienes se quejan de que el Ayuntamiento olvide a quienes forma cuando hay una convocatoria. «Se están riendo de nosotros», se lamenta una mujer que prefiere ocultar su nombre. Todos se quejan también de que «nos cataloguen de locos, de yonkis, de gitanos» mientras hablan de la variedad del grupo. Y todos piden otra oportunidad.