El Ayuntamiento de Zamora estudia la posibilidad de emprender acciones contra la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), ante la alarma social desatada tras el informe publicado por la revista "Compra Maestra" en el que se aseguraba que el agua corriente de Zamora no era potable, debido a las altas concentraciones de trihalometanos. El concejal de Medio Ambiente, Feliciano Fernández, reiteró ayer la buena calidad del agua de Zamora, comprobada mediante análisis realizados este mismo mes de febrero (la OCU los realizó en septiembre) y criticó que la organización no hubiera hecho los oportunos contranálisis antes de publicar una información que entraña alerta sanitaria para la población. Fernández pidió a la asociación de consumidores que «no hable tan a la ligera». Asegura que el agua de Zamora «es totalmente apta para el consumo y los sistemas de seguridad funcionan». Los informes municipales garantizan la calidad de la red de abastecimiento «tanto en el momento actual como a lo largo de todo el año 2005, como demuestran los análisis que se realizan con una periodicidad mínima trimestral».
Las muestras tomadas por el Ayuntamiento en fechas próximas a los de la OCU arrojan un nivel de trihalometanos de 101 microgramos por litro. En los últimos análisis efectuados, cuyos resultados se han conocido esta misma semana, arrojan un nivel de 62 microgramos por litro, «muy por debajo del nivel máximo admitido», de 150 microgramos. En las siete muestras tomadas a lo largo del año pasado tampoco se superó ese umbral, según la información facilitada por el equipo de Gobierno municipal.
Feliciano Fernández pide a la OCU que dé a conocer en qué condiciones realizó los análisis porque la contaminación puede producirse en las conducciones particulares o bien pudo haber una mala conservación de la muestra hasta llegar al laboratorio.
La empresa concesionaria del servicio de aguas, Aquagest, dice haber recibido algunas llamadas de ciudadanos «confundidos por la información dada por la OCU» y mantiene que, en caso de haberse superado el nivel de trihalometanos o cualquier otro elemento contaminante, «hubiéramos cursado aviso a Sanidad». El gerente de la empresa, Jesús María García considera que las afirmaciones de la organización de consumidores «carecen de sentido. No se puede decir que el agua no es potable, pero que se puede beber. Además, si los análisis son de septiembre ¿esperan a febrero para avisar?». Aquagest hizo público ayer el último informe sobre la calidad del agua en el que se miden todos los elementos posibles contaminantes del agua incluidos metales, herbicidas y pesticidas con resultado negativo.
Algunos grupos políticos, como ADEIZA-UPZ, mostraron su solidaridad con las instituciones locales «en defensa de su credibilidad si la noticia no es cierta». El grupo político independiente ha encargado por su cuenta un análisis a un laboratorio «para colaborar en la aclaración y solución del problema».
Cáceres llevará a los tribunales a la organización de consumidores por el informe
Algunos ayuntamientos afectados por el informe de la OCU ya han anunciado que entablarán acciones judiciales contra la organización. También ayer, la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS) aseguró que «no hay motivo de alarma en cuanto al riesgo para la salud del conjunto de la población suministrada por los abastecimientos de sus asociados, incluidos todos los que aparecen en el informe».
En un comunicado, aclara que la calidad del agua en España está regulada según estándares europeos y sometida a control continuo por parte de los suministradores, las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Sanidad y Consumo, y que estos sistemas de control incluyen mecanismos de detección y comunicación inmediata de incidencias (a la autoridad y a la población), así como de ejecución de acciones paliativas a desarrollar en caso necesario, que se emplean cuando la ocasión lo requiere y que evitan cualquier riesgo para la salud. Por ello, la asociación solicita «cesar inmediatamente en el desarrollo de actividades que pueden generar una alarma social completamente injustificada», en referencia al informe de OCU.
