Las malas condiciones metereológicas durante los trabajos y necesidades de la empresa obligaron a la UTE Ferrovial-Agroman a solicitar la ampliación del plazo de ejecución del proyecto de protección integral del bosque de Valorio, según declaró ayer el jefe de obra de la empresa, el ingeniero Sergio Cabellos de Francisco, testigo citado por el magistrado en la denuncia del PSOE por prevaricación contra la Junta de Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Zamora.

El ingeniero de Montes aclaró que el mantenimiento de las obras realizadas se adelantó «por decisión» de la institución local, ya que se habían concluido todas las obras a excepción de una bomba de extracción, con la que surgieron problemas. Ambas decisiones, criticadas como innecesarias en la auditoría que el Ministerio de Hacienda efectuó de la inversión, realizada con fondos europeos, son la base de la denuncia interpuesta por los ediles socialistas.

El testigo admitió haber sido quien firmó el acta de inicio de mantenimiento de los trabajos con el jefe del servicio de parques y jardines de la capital en marzo de 2003, que debería haber finalizado dos años después, tras la recepción de las obras. Sin embargo, al prolongarse la ejecución hasta noviembre de 2004, el mantenimiento debió iniciarse en esa fecha y concluir en noviembre de 2006, denuncian los socialistas.

Por lo que respecta a la ampliación de la ejecución de las obras, Cabellos de Francisco concretó que el invierno había sido muy lluvioso y el verano muy seco, lo que impidió cumplir con el calendario previsto. A esta circunstancia se sumaron los problemas surgidas con la bomba de extracción.

En cuanto a la firma del contrato, el jefe encargado y jefe de obra del proyecto de Valorio informó de que carecía de poderes y que fue otro responsable de la UTE quien lo suscribió. Por testificar quedan la técnico municipal jefe del servicio de contratación y el técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento, a la sazón jefe del servicio de parques y jardines, cuya citación ha solicitado la acusación, con el fin de aclarar el contenido de los informes que emitieron en su día relacionados con las decisiones de la Junta de Gobierno. Algunos de esos informes eran contrarios incluso a la adjudicación de las obras, por considerar que incumplían la legislación. De hecho, la auditoría efectuada por el Ministerio de Hacienda refleja «graves irregularidades», vulneraciones legislativas en el proceso de adjudicación y ejecución de unas obras que costaron 1,8 millones de euros.