El secretario del Ayuntamiento de Zamora, José María García, declaró ayer ante el juez que instruye la querella por ruidos que «el alcalde de Zamora, Antonio Vázquez, directamente firmaba las medidas cautelares de cierre» de los locales que incumplían el límite del nivel de decibelios permitido, explicó el abogado de Afaruza, Antonio del Castillo, al término de la comparecencia del funcionario municipal. Por su parte, el fiscal jefe, Rafael Alvarez Cienfuegos, declaró que «hay que esperar y practicar más pruebas» antes de hablar de posibles delitos de prevaricación y dejación de funciones porque «estamos ante hechos muy difusos y ya se verá la imputación más adelante», en referencia al alcalde.
La primera de las pruebas practicadas a petición del fiscal sirvió para precisar el organigrama de funcionarios y políticos competentes en la tramitación de los expedientes de ruidos: los concejales de Medio Ambiente y Urbanismo, Feliciano Fernández y Jesús Rodríguez, respectivamente; la técnico de Policía Municipal; el técnico de Urbanismo (todos ellos imputados, junto a cinco propietarios de bares); y los tres letrados de la Oficina de Gestión Urbanística, quienes informaban de las licencias de actividad, apertura y cambios de licencia; además de proponer las sanciones de cierre definitivo.
