La Subdelegación del Gobierno ha abierto investigación sobre las obras de remodelación del Puente de Hierro, a solicitud del grupo municipal de IU, que reclama la intervención del fiscal para determinar la existencia de un posible delito por fraude.

El presupuesto de adjudicación de la obra a la empresa Murias y Aral fue de 248 millones de pesetas, tras la baja del 28% que presentó la constructora. Desde el inicio de las obras, en 1998, no fue solicitada ninguna modificación del proyecto, aunque sí se presenta una liquidación final de 24,3 millones, casi el máximo legal del 10% del presupuesto total. En la certificación final, la empresa varió las cifras que, en el proyecto, asignaban 198 millones de pesetas al coste del apartado de obra básica del puente, para aumentarlo en casi 46 millones más, pasando a 243,7 millones, «sin proyecto modificado que lo autorice y justifique», explica el concejal de IU, Francisco Guarido, para quien no es «admisible ni creíble que la estructura del puente aumente» durante los trabajos.

Guarido subraya que en la liquidación final se produce ese aumento de 24 millones de pesetas pese a que en la obra se había suprimido partidas como las de los accesos que, a pesar de ser contempladas en un principio en el proyecto, fueron realizados por la empresa Vías y Construcciones, adjudicataria de las márgenes del Duero, cuyos trabajos coincidió en el tiempo con la remodelación del Puente de Hierro. A este concepto, al que se destinaban en un principio 28 millones, se dedicaron únicamente seis millones, pero aún así, «la obra sale 24 millones más cara de lo previsto». La suma de la liquidación final más los millones suprimidos para los accesos dan como resultado «los 46 millones incrementados en la valoración de la estructura del puente», en opinión del grupo político.

IU insiste en que debe investigarse también, por parte de la Subdelegación del Gobierno, el pago del autobús gratuito que funcionó para los peatones durante el tiempo que duraron las obras. Guarido asegura que los «técnicos del Ayuntamiento informan que la empresa concesionaria de la obra del Puente nunca ingresó cantidad alguna en las arcas municipales» pese a que el Ministerio de Fomento ha acreditado que sí desembolsó los 10 millones que costó el mantenimiento de la línea. «La Subdelegación del Gobierno debe aclarar por qué la cantidad pagada por Fomento no llegó a su destino». Francisco Guarido ha sostenido ya una entrevista con el subdelegado, Carlos Hernández, quien ha solicitado ya toda la documentación para comprobar los datos y enviar, si se confirman las irregularidades, el caso al fiscal.