El juez imputa a los cinco bares en la querella por ruidos por causar contaminación ambiental

En la misma providencia, el magistrado da opción al alcalde de Zamora, Antonio Vázquez, a nombrar un abogado «para ejercer su derecho a la defensa» en la querella, así como «a declarar voluntariamente, a aportar documentación y a participar en las diligencias probatorias que se practiquen si se persona».

El magistrado hace así suyas las consideraciones de la Fiscalía, en las que su titular Rafael Alvarez Cienfuegos, para responder a la consulta del juez sobre la remisión de la causa al Tribunal Supremo -por la condición de aforado del también senador-, puntualiza que antes, «y una vez que el instructor llega a la conclusión de que puede tener responsabilidad penal, lo procedente es poner los hechos punibles en su conocimiento a fin de que pueda ejercer su derecho de defensa».

Por tanto, el juez ha acordado llamar a declarar a los «dueños, responsables o encargados» de los locales como posibles autores de un delito de contaminación acústica. Una prueba que el fiscal considera esencial para mantener la imputación de un funcionario y de los dos concejales del Ayuntamiento de Zamora, y poder demostrar que «han silenciado la infracción de las leyes o disposiciones normativas». La querella se interpuso contra los responsables municipales no sólo por un delito contra el medio ambiente, sino también por dejación de funciones y prevaricación.

De ahí que el juez haya decidido llamar a declarar como testigo al secretario de la institución local, con objeto de «aclarar» qué funcionarios han intervenido o debían intervenir en la tramitación de los expedientes sancionadores por ruidos y la propuesta de sanciones. Y «lo que puede ser más importante, a quién corresponde el control de que los expedientes se tramitaran correctamente y en plazo, dado el alto número de ellos que han prescrito», subraya el fiscal jefe en su informe escrito, remitido el lunes al Juzgado y dado ayer a conocer a las partes.

El fiscal «entiende necesario», añade en su informe, «determinar con claridad y precisión qué funcionarios han intervenido o debían intervenir» en los expedientes, dada «la confusión» que ha quedado patente durante la instrucción de la causa.

Mediciones y clausuras

Alvarez Cienfuegos argumenta para imputar a los responsables de los bares «porque el delito es perseguible de oficio y la emisión de ruidos y la contaminación acústica continúa tal y como se desprende de las declaraciones de los acusados». Por ello, el fiscal insta a que «como diligencia de investigación la Policía Judicial de la Comisaría de Zamora, en colaboración con la Policía Local si fuera precisa, mida el volumen de ruido y el nivel de decibelios en los domicilios de los denunciantes».

Alvarez Cienfuegos considera «necesaria esa prueba para que se pueda conocer con la mayor veracidad y precisión el volumen de lo ruidos», máxime cuando en sus declaraciones una funcionaria dijo creer recordar que en algún acta las mediciones eran altas porque «el sonómetro estaba desconfigurado».

Por último, propone como «medida cautelar la clausura de los locales imputados a fin de proteger a los perjudicados de los delitos que parecen seguir cometiéndose, máxime cuando se hay indicios de que los limitadores de potencia han sido manipulados».

El juez ha decidido que se practiquen las mediciones, ya que el fiscal sólo proponía el cierre de los locales si había indicios suficientes de la comisión del delito contra el medioambiente.

«Las nuevas pruebas obstruyen la causa»

Entre «sorprendidos y contentos» se mostraban ayer los responsables de la Asociación de Afectados por Ruidos (Afaruza) ante la decisión del magistrado que investiga la querella por ruidos y por la «intervención del fiscal por primera vez en la causa, ya era hora de que se pronunciara después de año y medio, llega tarde pero estamos contentos porque trata de imputar a los propietarios de los bares y ve indicios de delito», explica el letrado de la acusación y querellante, Antonio del Castillo. Al tiempo que calificaba como «positivas» las disposiciones judiciales porque «el juez ve imputa a los propietarios de los bares y llama a declarar como testigo al secretario del Ayuntamiento», recibe con reservas la práctica de estas nuevas pruebas porque «se obstruye un poco» la marcha del procedimiento, que «consideramos que está ya bastante avanzada porque nosotros no hemos querido que fuera al Supremo hasta que la instrucción no estuviera completa». El reproche al fiscal, por tanto, es que «podría haber planteado todo esto antes», durante la práctica de diligencias.

Otra de las objeciones manifestadas ayer por el abogado, tras conocer el informe del fiscal y el escrito del magistrado, se refiere a la orden judicial de realizar mediciones por parte de la Policía Nacional en los locales denunciados para, a propuesta del fiscal, comprobar si, como expusieron los afectados en sus declaraciones, continúan produciéndose ruidos. Dudan de su eficacia y lo consideran «absurdo», por lo que solicitarán al juez que se lleven a cabo durante los viernes y los sábados y a lo largo de varias semanas, a fin de que los propietarios de los establecimientos hosteleros no puedan prevenirse de la inspección policial y bajar el volumen de los aparatos de música. Del Castillo, por otro lado, considera que existen suficientes actas de la Policía Municipal que atestiguan las infracciones.

Vázquez debe decidir si comparece voluntariamente en el Juzgado

El alcalde de Zamora, Antonio Vázquez, estudiará en los próximos días los términos de la providencia judicial que le invita a personarse voluntariamente en la causa, con la que logra sortear la imputación que el magistrado que investiga la querella por ruidos apuntó como posible al concluir las diligencias. Fuentes próximas al regidor declaraban ayer que el munícipe desconocía el contenido del informe de Fiscalía y de la decisión judicial.

No descartaban, sin embargo, que Vázquez decida mantenerse al margen de una denuncia judicial que no le afecta directamente, puesto que ni el juez ni el fiscal le han señalado como posible autor de un delito contra el medioambiente, de dejación de funciones o de prevaricación. «Es posible que se mantenga al margen del procedimiento», indicaban las mismas fuentes, «porque estamos ante una situación procesal extraña, pero no está imputado». Desde luego, «el alcalde conoce los términos de la querella», apuntaban, «puesto que dos de sus concejales y un funcionario están imputados, y, por tanto, afecta al Ayuntamiento».

Los abogados que llevan la defensa colegiada de los concejales de Medio Ambiente, Feliciano Fernández, y de Urbanismo, Jesús Rodríguez, imputados en la posible comisión de los delitos mencionados desconocían ayer la decisión que pude tomar el alcalde, que a partir de ayer puede decidir declarar ante el juez.