La titular del Juzgado Contencioso de Zamora exime a la Comunidad de Regantes del Canal de San Frontis de abonar una indemnización de 11.352,85 euros, exigida por los herederos del propietario de unos terrenos ocupados por la nueva conducción del Canal de San Frontis, quines alegaron no haber autorizado la obra.

La sentencia resulta especialmente importante para la asociación porque confirma que «la Junta de la Comunidad está haciendo las cosas con rectitud y conforme a derecho, pidiendo consentimiento a las personas y de acuerdo con la Ley», expuso ayer Luis Bermúdez de Castro, abogado de los demandados. La «máxima satisfacción» por la decisión de la juez era ayer patente, puesto que «si se hubiera perdido habría supuesto una ruina para la asociación porque se habrían producido otras reclamaciones».

La magistrada consideró probado no sólo que el dueño, ya fallecido, había otorgado su consentimiento para que se efectuase la obra, sino que, tal y como conocían sus herederos, obtuvo mejoras en sus propias instalaciones, valoradas en 18.518,83 euros, asumidos por la Comunidad de Regantes. En definitiva, la sentencia viene a confirmar en términos generales que «el trabajo -del canal- está bien hecho», en palabras de Bermúdez de Castro; y, en el caso concreto de la demanda, que «existe un documento de consentimiento de servidumbre el año 1998 para que las tuberías pasaran por allí; y que toda la obra que pasaba por su finca se realizó con pleno conocimiento del propietario, previa solicitud». Por último, reitera que se modificaron trayectos y se efectuaron mejoras en beneficio del demandante, «precisamente por el ánimo de diálogo de la Comunidad de Regantes. Este señor fue de los más beneficiados».

Los regantes aportaron durante el juicio oral datos de esas mejoras en la finca que cruza las tuberías y una prueba caligráfica para verificar la firma de la autorización que el propietario de los terrenos extendió para la instalación de la conducción. Bermúdez de Castro hizo especial hincapié en el «contacto continuo que el finado mantuvo con el director de obra». El letrado, además, mostró su sorpresa durante el juicio por la actitud de los herederos de la finca, que emprendieron acciones legales casi seis años después de la finalización de las obras, que se ejecutaron entre 1999 y 2001.