El "caso luzvente" está a punto de llegar a la Audiencia Provincial, para fijar el juicio con jurado, al concluir las diligencias iniciadas en el año 2003 para determinar la culpabilidad del ex vicepresidente y responsable de Obras del PP en la Diputación Provincial, Alejandro Escudero, en la adjudicación irregular a la empresa Luzvente, propiedad de su esposa, de obras de alumbrado en el municipio de Galende. El delito que se le imputa es de "negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos", por su cargo de diputado provincial.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 convocará a finales de mes a las partes personadas en la causa para celebrar la audiencia preliminar, último paso antes de remitir la causa procesal a la Audiencia Provincial para tramitar la celebración del juicio. En esa última reunión el fiscal, la acusación particular ejercida por el grupo de diputados del PSOE y la defensa de Escudero podrán conocer la resolución de las últimas pruebas propuestas al titular del Juzgado. Entre ellas se encontraba la solicitud de ampliación de imputados para procesar también al alcalde del PP en Galende, Jesús Villasante, bajo cuyo mandato se acordó contratar a Luzvente, por "negociaciones prohibidas y actividades prohibidas a funcionarios públicos", a lo que ya se opuso la Fiscalía al inicio de las diligencias. .
Teóricamente cabe la posibilidad de que solicitar más pruebas, aunque en la práctica, a estas alturas del procedimiento, tras dos años de diligencias, no parece que ninguna de las partes vaya a tomar esa opción, según fuentes judiciales. El paso siguiente será dar trasladado de la causa a la Audiencia Provincial para que, de acuerdo con la Ley del Jurado, inicie los trámites para la selección de los ciudadanos que formarán parte del tribunal popular que juzgue a Escudero.
El fiscal, que pide tres años de inhabilitación para ejercer como cargo público para Alejandro Escudero, no admitió la imputación de un posible delito de prevaricación, como pretendía inicialmente la acusación particular ejercida por el PSOE. La acusación pública imputó al ex dirigente del PP un delito de "negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos" y dejó fuera del procedimiento penal a Jesús Villasante, el que fuera alcalde del PP en Galende y diputado provincial de Economía cuando se adjudicó la obra a Luzvente. El regidor municipal anuló el acuerdo de pleno para evitar la contratación.
Villasante, que declaró como testigo durante las diligencias y volverá a hacerlo en el juicio, manifestó ante el juez que desconocía la vinculación de Escudero con Luzvente e incluso que no podía identificar a la propietaria de la empresa, la esposa de su entonces compañero de grupo en la Diputación, Elvira Hernández, con la que aseguró no haber coincidido nunca.
La denuncia pública de la irregular adjudicación de la obra por parte de los socialistas provocó una crisis en la Diputación Provincial que desencadenó la dimisión de Villasante como diputado de Economía y obligó a la entonces presidenta de la institución, Pilar Alvarez, a ofrecer una rueda de prensa para anunciar la pérdida de confianza en Escudero, por «una actuación incorrecta», diría Alvarez, que se vio obligada a destituirle de su cargo como diputado de Obras, tras negarse el ahora procesado a dimitir.
