La Audiencia deberá decidir si mantiene al dueño de la "By Alice" en prisión provisional

La Audiencia de Zamora tendrá que decidir si mantiene en prisión provisional por tráfico de drogas al principal investigado como integrante de una red de tráfico de speed en la capital y la provincia, al hostelero de iniciales F.M.E., dueño de las discotecas By Alice e Isabella, y a los otros tres detenidos el 13 de agosto en Zamora, ya que el abogado privado del industrial ha anunciado que recurrirá el auto de reclusión, según fuentes consultadas.

El letrado argumentaría que la Guardia Civil de Zamora ha vulnerado los derechos de su cliente al pinchar su teléfono durante meses, por lo que las diligencias emprendidas por la policía judicial serían ilegales y, por tanto, estarían viciadas todas las indagaciones sobre las que se sustenta la investigación judicial.

Otro de los argumentos apuntaría a que no existe ningún riesgo de fuga de F.M.E., puesto que tiene su vida familiar asentada en Monfarracinos y Zamora capital, donde están sus negocios en la carretera de Villalpando. También niega que el investigado pueda destruir pruebas, puesto que afirmaría que no tiene nada que ocultar, sus negocios de ocio nocturno son legales y sus ingresos los obtiene de esa actividad totalmente legal, de la que proceden los 80.000 euros que le fueron incautados en los registros domiciliarios.

Sin secreto de sumario

Las diligencias policiales serán estudiadas, pues, por las magistradas y el magistrado que componen el Tribunal provincial para determinar si dan validez a los indicios de la actividad delictiva del tráfico de drogas que estimó la Fiscalía de Zamora para exigir la prisión provisional, solicitud a la que accedió la jueza de guardia el día del interrogatorio de los cuatro detenidos, el miércoles 14 de agosto.

Ese mismo día la magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 levantaba el secreto de sumario sobre las actuaciones, lo que no obsta para que pueda haber más detenciones de personas sospechosas, tal y como anunció el teniente coronel de la Guardia Civil, David Pulido García.

El empleado de F.M.E., uno de los porteros que responde a las iniciales de G.A., no había podido entregar los 20.000 euros de fianza para salir su ingreso en prisión en Topas, a donde fueron trasladados el miércoles los cuatro detenidos como sospechosos de pertenecer a una posible organización de venta de speed que podría tener ramificaciones en otros puntos de la comunidad autónoma y del país e, incluso, estar vinculada con una red internacional, según los primeros datos que trascendieron.

Las escuchas telefónicas de la Guardia Civil que serían esenciales en la apertura de las diligencias policiales y judiciales, habrían interceptado conversaciones entre los cuatro detenidos en clave para referirse a la actividad ilegal del tráfico de drogas.

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