Sucesos en Zamora

Una exfarmacéutica de Sanabria que vendió la licencia por un millón puede acabar en la cárcel

La Fiscalía pide tres años de prisión y la nulidad de la escritura del traspaso del negocio, al igual que la entidad financiera a la que adeuda 93.000 euros

Zacofarva exige el pago de 411.624 euros a la sanitaria y la condena a seis años de prisión, al igual que al abogado que formalizó el contrato por estafa

El abogado de Valladolid, acusado por Zacofarva de estafa, en el juicio celebrado en la Audiencia.

El abogado de Valladolid, acusado por Zacofarva de estafa, en el juicio celebrado en la Audiencia. / Miguel Ángel Lorenzo

La exfarmacéutica de El Puente de Sanabria, de iniciales M.C.E.M., podría terminar en prisión por impedir el embargo del negocio al vender la licencia administrativa por 1.080.000 euros en agosto de 2014 cuando el juzgado iba a embargarlo para pagar una deuda de 411.624 euros que mantenía con la cooperativa farmacéutica Zacofarva (con los intereses) y otros 72.232,28 euros más 22.000 de intereses a Caja Rural.

La Fiscalía de Zamora considera esa operación un delito de frustración de la ejecución del embargo (alzamiento de bienes) "para enriquecerse", por el que exige una condena a tres años de prisión tras celebrarse el juicio ayer en la Audiencia de Zamora. Idéntica pena pide la entidad de ahorro; una multa de 8.640 euros y la anulación de la escritura de compra venta en la que intervino un abogado vallisoletano de iniciales S.M.F., "el rey del mambo en el negocio de las farmacias", según le comentó la imputada M.C.E.M. a un responsable de Zacorfarva en una conversación grabada. Precisamente, esta cooperativa mantiene la acusación contra el letrado de Valladolid, especializado en este tipo de operaciones en el ámbito farmacéutico, "el rey del mambo en esto de las farmacias", según dijo la sanitaria en la grabación.

Con ese aval profesional, le contrató para deshacerse de la farmacia en pocos días tras comunicarle la entidad de ahorro que no le renovaría la póliza y conocer el embargo, afirman la Fiscalía y los abogados de la acusación, si bien la procesada afirma que nadie le comunicó nada y que la venta se formalizó porque "me quedé sin recursos, en colapso financiero" por lo "sorpresivo" del embargo ordenado el 2 de junio de 2014 por el Juzgado de Puebla de Sanabria.

El abogado de la cooperativa agrega al delito de alzamiento de bienes por el que solicita una pena de cuatro años de cárcel para su colega vallisoletano y otros tantos para la farmacéutica granadina; además de otros seis años a cada uno por estafa. Solicita, asimismo, la indemnización equivalente a los 411.624 euros. Esta acusación hizo especial hincapié en que se formalizaran en una notaría de Valladolid las escrituras porque "en Sanabria no encontró quién accediera porque la acusada tenía deudas".

La compradora de la licencia administrativa de El Puente, otra imputada que falleció durante el largo procedimiento judicial, se subrogaba en el pago de las deudas, sostuvo la procesada que recalcó que perdió casi medio millón de euros porque "la farmacia valía 1.500.000 euros". Lo cierto es que ninguno de los dos acreedores ha visto un euro.

El abogado de Caja Rural volvió a incidir en la alternativa "para hacer frente a las deudas" a esa operación: "el concurso de acreedores" al notificársele la ejecución en diciembre de 2013, una información que la procesada sostiene que nunca recibió, a pesar de las pruebas, "no lo recuerdo, o no me los dieron o no llegaron".

Los dos letrados de la acusación le recriminaron que no hubiera comunicado ni a la entidad de ahorro ni a la cooperativa su intención de vender la farmacia. La sanitaria nacida en Granada replicó que "lo vi innecesario".

La fecha límite para pagar esas deudas era 12 de mayo de 2013, le refrescó la memoria la fiscala. M.C.E.M., que intervino en el juicio desde su casa de Granada en una accidentada videoconferencia, repitió una y otra vez que "yo no debía nada".

La abogada de la defensa de M.C.E.M. y el letrado de S.M.F. exigieron la absolución al entender que no existen pruebas de ese intento de evitar le ejecución del embargo, como demuestra que la farmacéutica no vendiera todos sus bienes. La letrada de la defensa pidió, subsidiariamente, si la Audiencia cree que hay un delito, que se aplique la atenuante de dilaciones indebidas en la causa, diez años, y por insolvencia de su clienta.

Suscríbete para seguir leyendo