El TSJ de Castilla y León reconoce la indeminización por despido improcedente a un interino

Cientos de trabajadores públicos podrían beneficiarse de este nuevo criterio judicial 

Luis Castro, José Fernández Poyo y Trinidad Acebes

Luis Castro, José Fernández Poyo y Trinidad Acebes / J. N.

L. G. M.

Cientos de trabajadores de la administración pública podrían beneficiarse de una sentencia pionera en Castilla y León. Un fallo judicial que para los representantes sindicales de CCOO en Zamora, Trinidad Acebes y Luis Castro, marca un antes y un después para los trabajadores y trabajadoras que tienen sus contratos con las administraciones públicas. 

En concreto, se centran en los casos en los que se llevan a cabo contratos de interinidad por vacante hasta que se cubra reglamentariamente la plaza. «En la vía judicial se ha venido entendiendo que cuando se superen tres años desde la celebración del contrato, estamos ante una duración injustificadamente larga y que ha convertido el contrato en fraudulento», explica el abogado del sindicato, José Fernández Poyo. 

Es decir, que la cobertura reglamentaria de la plaza tiene que hacerse antes de que pasen tres años desde que se ha hecho el contrato, si no estos trabajadores pasarían a ser indefinidos no fijos.

Este era el criterio tradicional que mantenía el Tribunal Supremo de la Sala de Justicia y que plantea un problema y es qué pasa con estos trabajadores que vienen trabajando en un puesto de trabajo vacante con un contrato de trabajo temporal interino no fijos y que ha superado los tres años ¿tienen derecho a ser indemnizados o no?.

«Hasta ahora el criterio judicial era que tenían derecho a percibir una indemnización de 20 días por año de servicio, pero nosotros entendemos que debe ser la que se ajuste al despido improcedente porque realmente estaban trabajando en un puesto fijo», detalla Fernández Poyo.

Demanda que han llevado hasta el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León consiguiendo que les dé la razón. «No es una sentencia más porque fija el criterio para la propia sala y afecta a un colectivo importante», subraya. Una sentencia motivada por una denuncia a nivel individual, pero que crea jurisprudencia pudiendo afectar a cientos de empleados públicos.