La Diputación "intentará" dignificar a sus represaliados durante este mandato

La Diputación Provincial de Zamora tiene concluido el expediente administrativo para la reparación de los trabajadores y funcionarios públicos represaliados tras el Golpe de Estado de 1936. Un documento clave para el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica que colea en esta institución desde hace más de cinco años. El 12 de febrero de 2018, en sesión plenaria, todos los grupos acordaron iniciar el trabajo para dignificar a los depurados y asesinados por el franquismo. Pese a que era el mandato anterior, los partidos políticos con representación eran los mismos que en el presente, hasta que Francisco José Requejo decidiera abandonar Ciudadanos hace apenas un par de meses. El propio presidente ha sido quien ha anunciado que todo está listo, pero no ha aclarado por qué no se da el último paso, que es llevarlo ante el Pleno. Una cuestión que llevará al equipo de Gobierno a tener que responder a las preguntas del Procurador del Común.

La portavoz de Izquierda Unida en la Diputación Provincial de Zamora, Laura Rivera, ha desvelado durante el Pleno celebrado en la jornada de ayer que su grupo ha denunciado ante el Procurador del Común el "incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica" en lo referente a la ejecución del acuerdo plenario de aquel 12 de febrero de 2018. La concejala del Ayuntamiento de Zamora y diputada ha preguntado al equipo de Gobierno "por qué nunca ha sido tiempo o prioridad" cumplir con la legalidad democrática. "¿Cuándo es el tiempo adecuado? ¿Qué lugar ocupa este asunto entre las prioridades del presidente y de este equipo de Gobierno?", se ha preguntado.

Rivera ha insistido, a través de una batería de cuestiones, en las razones que han llevado a consumir más de cinco años sin que el asunto se dé por zanjado. "Queremos conocer las causas que han evitado que se lleve a cabo el obligatorio cumplimiento de ejecutar este acuerdo de Pleno; cuáles son las causas de carácter técnico, político, ideológico o personal tanto del presidente como de su equipo para no cumplir", ha comentado. "¿Y quién ha tomado la decisión? ¿Es de la Presidencia, de su partido Ciudadanos, o de su nuevo partido Zamora Sí? ¿Es cosa de su socio de gobierno, del Partido Popular? ¿Por qué, si lo aprobaron hace cinco años, no lo han querido cumplir?", ha insistido.

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El presidente, Francisco José Requejo, ha sido el encargado de responder a la portavoz de Izquierda Unida con cierta ironía. "Nosotros no nos reunimos para hacer cosas malas, no actuamos así", ha comenzado. "Aquí no hay causas ideológicas, ni personales, ni nada extraño; y nadie ha incumplido ningún acuerdo porque todavía nos queda un Pleno de este mandato y podemos traer el asunto o no traerlo", ha añadido. "El expediente está terminado y queremos llevarlo a comisión informativa, porque hay que revisar alguna cosilla; es algo que tenemos pendiente. Si el Procurador del Común nos requiere algo, le responderemos. Nosotros intentaremos traerlo antes de que termine este mandato", ha desvelado el dirigente.

La reparación planteada en la Diputación Provincial de Zamora busca restituir la dignidad a 48 empleados públicos de la institución, así como a una decena de cargos electos. De ellos, 18 fueron asesinados y los otros 40 vieron sus vidas rotas. Todos ellos fueron represaliados tras el Golpe de Estado de Francisco Franco en 1936. Han pasado algo más de cinco años desde la sesión plenaria de aquel 2 de febrero de 2018 en que todos los grupos, sin excepción acordaron realizar esa dignificación de los represaliados sin que hasta la fecha se hayan conocido avances. Y eso es lo que ha motivado este nuevo enfrentamiento entre Izquierda Unida y el equipo de Gobierno.

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