Guarido pide a la Junta que cumpla sentencia y resuelva sobre la sanción al interventor

Francisco Guarido ha iniciado acciones judiciales para que se ejecute de una vez por todas la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de mayo de 2022 en la que se anula la orden dictada por el consejero de la Presidencia en junio de 2020 con la que acordaba el archivo del expediente disciplinario abierto por el Ayuntamiento de Zamora al interventor municipal, Francisco Javier López Parada. En aquel documento, los magistrados estimaban parcialmente el recurso presentado por el Consistorio y ordenaban a la administración autonómica a dictar una nueva orden para resolver la propuesta del instructor, sin que nada de eso se haya producido hasta la fecha. Esa inactividad ha llevado al alcalde a interponer demanda de ejecución forzosa, considerando que la omisión del cumplimiento de la sentencia es “injustificada y perjudicial para los derechos e intereses de este ayuntamiento”.

El conflicto nació en diciembre de 2017, cuando Francisco Guarido presentó una denuncia frente a la Dirección General de la Función Pública de la Junta de Castilla y León contra el interventor municipal en relación con las expresiones realizadas por López Parada en noviembre de ese año, en una charla que tuvo lugar en la UNED de Cartagena, donde cargó contra el regidor y algunos de sus compañeros funcionarios. Posteriormente, en diciembre, López Parada envió una carta a los medios de comunicación en la que se comparaba con una mujer maltratada y calificaba Guarido como acosador.

Por estos incidentes se abrió expediente disciplinario que concluyó con dos sanciones: una de dos meses de suspensión de empleo y sueldo por la conferencia de Cartagena y otra de tres meses por la carta remitida a los medios de comunicación. Una suspensión levantada meses después por la Consejería de la Presidencia y que fue recurrida por el Ayuntamiento de Zamora. Al llegar al TSJ, los magistrados ordenaron a la Consejería de la Presidencia dictar una nueva orden para concluir el expediente disciplinario. Y hasta la fecha. A pesar de que Francisco Guarido ha pedido amparo en reiteradas ocasiones ante la administración autonómica, el asunto sigue en punto muerto y ha sido eso lo que ha llevado al regidor a emprender nuevamente acciones judiciales para exigir la ejecución de la sentencia.

Conviene recordar que el motivo primigenio de esta situación fueron las palabras pronunciadas por López Parada en aquella charla ofrecida en la UNED de Cartagena. Tras presentarse a sí mismo como "el cabrón del interventor", el funcionario comenzó narrando una anécdota que vivió con una militante de Izquierda Unida inmediatamente después de las elecciones del 2015: "Usaban mis informes para hacer oposición, pero comprobé que ya me conocían como el díscolo", señaló el interventor. En ese sentido, López indicó que a Francisco Guarido, que "es un alcalde de lo que allí llaman Izquierda Unida", le parecían muy bien sus informes hasta que llegó al poder: "Me decía que no colaboraba y que tenía que hacerlo porque éramos amigos, y yo le respondía: ‘Paco, la única opción que me das es sujetarte los pies después de que te hayas colgado’".

El empleado público tuvo también palabras para compañeros funcionarios. "He tenido la suerte de verlo venir y la habilidad de pactar una solución que permita que mi cabeza siga aquí y no esté puesta en la pared de la viceinterventora", aseveró Francisco Javier López: "Llegué a una rendición honorable. Ahora, me van a disecar, me van a colocar en mi despacho dos días por semana y esperan que los otros tres no aparezca", añadió, en relación a un acuerdo suscrito entre ambas partes para modificar las labores del interventor tras otra polémica relacionada con los baños del mercadillo.

Semanas más tarde, el interventor enviaba a los medios la citada carta en la que se comparaba con una mujer maltratada y acusaba al alcalde de practicar "lo que viene siendo acoso" contra su persona a raíz del primer incidente de la conferencia de Cartagena.

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