La huelga de Letrados bloquea en diez días el pago de 125.000 euros en Zamora

Alrededor de 125.000 euros se mantienen intactos en las cuentas bancarias de los juzgados de la provincia de Zamora a la espera de que la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) pueda desbloquear los pagos estipulados en sentencias para indemnizar a los ciudadanos afectados por accidentes de tráfico, agresiones, daños en sus bienes a causa de robos o hurtos; o por destrozos en sus propiedades arrendadas.

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La situación es, cuando menos, preocupante, puesto que sin la intervención del Letrado de Justicia de cada juzgado, sin su firma, se paralizan todos los ingresos en las cuentas bancarias de las personas que deben percibir cantidades por esos conceptos. Entre esa casuística están los abonos de pensiones de alimentos a hijos y cónyuges compensatorias que se han tenido que resolver por sentencia del juez tras celebrarse juicios; los embargos de cuentas bancarias por el impago de cantidades, entre otros.

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Las multas, retenidas

También se ven afectadas directamente por la huelga de los LAJ las multas que se recogen en buena parte de las sentencias judiciales para castigar a quienes han infringido la legislación y causado daños o perjuicios a personas o instituciones, cuantías que cada juzgado ingresa en el Tesoro Público, un trámite que debe pasar por las manos de los Letrados.

Esas multas se traducen en ingresos en metálico que repercuten en inversiones de la Administración central, puesto que no se pagan, como se cree, al perjudicado o perjudicada por el delito, para la que ya se fijan indemnizaciones por daños materiales o psicológicos, sino para las arcas estatales.

Fianzas sin devolver

Por otro lado, en una parte de esos 125.000 euros se incluyen las cantidades relativas a fianzas que algún procesado ha tenido que abonar para eludir la prisión provisional y para garantizar que se acudirá al juicio (las denominadas personales), un montante que se reintegra al encausado si es absuelto finalmente o una vez celebrada la vista oral, trámite para el que se precisa el visto bueno del Letrado de Justicia.

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Otro tipo de fianzas, las llamadas reales, que se depositan por orden del juez para garantizar que el acusado hará frente a los daños o perjuicios causados con su comportamiento ilícito y se retienen mientras se desarrolla el procedimiento judicial, se devuelven al dictares la sentencia y requiere de la firma del LAJ.

El Juzgado de Menores aplica otro tipo de fianzas que nunca se devuelven antes de que se dicte la sentencia y quedan, de igual modo, en depósito en las cuentas del órgano judicial. Sus devoluciones son también competencia de los LAJ, los antiguos secretarios judiciales.

Los huelguistas no entienden la postura del Ministerio, que continúa sin atender sus reivindicaciones, las mismas que aceptó en el acuerdo de abril de 2022 para que los LAJ volvieran a sus puestos de trabajo y suspendieran las movilizaciones. Un acuerdo incumplido.

En estos momentos, su paro generalizado, cada vez más extendido, mantiene a las oficinas judiciales y a los jueces paralizados en cuanto a tramitación de causas, toma de declaraciones a imputados y testigos (salvo en causas con preso, de violencia de género y de agresiones sexuales) y celebración de juicios. El colapso en los juzgados comienza a estar más que presente y la sombra de la sobrecarga de trabajo que tendrán que afrontar, mayor cuanto más se prolongue la situación, es ya un hecho.

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