La Diputación de Zamora se resiste a borrar el franquismo: la moción de la desmemoria

Cinco años después de aprobarlo por unanimidad, la Diputación sigue sin reparar y reconocer a los represaliados tras el golpe franquista

Antonio Pertejo (de pie) fue una de las víctimas de las acciones represivas. |

Antonio Pertejo (de pie) fue una de las víctimas de las acciones represivas. | / Cedida

El 2 de febrero del año 2018, el Pleno de la Diputación de Zamora aprobó por unanimidad una moción que abría el camino para cumplir con la Ley de Memoria Histórica en la institución. Todos los grupos entonces representados en La Encarnación, los mismos que en este mandato, respaldaron el inicio del expediente administrativo para cumplir con la normativa vigente y revocar los acuerdos ilegítimos alcanzados en las sesiones plenarias de julio, agosto y octubre de 1936. También dijeron “sí” a homenajear y reconocer a las víctimas de la dictadura franquista y a instar al reconocimiento personal de las decenas de políticos y trabajadores destituidos o depurados en las semanas posteriores al inicio de la Guerra Civil.

Han pasado cinco años desde aquel acuerdo y la Diputación no ha concretado nada, a pesar de los intentos de Izquierda Unida por que el compromiso adquirido por el Pleno no caiga en el olvido. En cada sesión, la portavoz del grupo, Laura Rivera, presenta una nueva moción a modo de recordatorio: “Somos muy constantes, pero ustedes no mueven ni un dedo”, clamó en la defensa de enero la representante de IU, que acusó al equipo de Gobierno de “reírse de los empleados represaliados” y de “perder la dignidad” en el ejercicio de sus responsabilidades dentro de la institución.

En otras ocasiones, Rivera se había limitado a leer una moción de “copia y pega” o directamente a guardar silencio. Las intervenciones del Pleno sirven solamente para ejercer presión sobre el bipartito para que este desbloquee el expediente: “Tenemos constancia de que toda la documentación está preparada y solo falta dar la orden para que se pueda iniciar”, aseveró la portavoz de IU, que recordó que la iniciativa inicial partió de las asociaciones memorialistas que ya habían “documentado muy bien” todos los aspectos.

Para Rivera, el problema “es la cerrazón por parte de los políticos” que no quieren cumplir un acuerdo alcanzado en el Pleno. “Iremos al Procurador del Común y tomaremos otras medidas”, confirmó la portavoz de Izquierda Unida, que ve cómo el mandato se agota sin que haya habido novedades en relación al expediente.

La postura del presidente de la Diputación, Francisco José Requejo, es que el equipo de Gobierno llevará el tema hacia adelante “cuando se pueda”. “Respeto mucho todas las ideas, pero hay muchísimas cosas por hacer y hemos tenido una pandemia, luego los incendios y todo tiene sus tiempos”, justificó el dirigente liberal, en la línea de sus declaraciones previas. Ya en los plenos, el propio representante de Ciudadanos había fijado esa posición.

Pleno de la Diputación, en la etapa en la que se aprobó la moción. | Emilio Fraile

Pleno de la Diputación, en la etapa en la que se aprobó la moción. | Emilio Fraile / Manuel Herrera

La visión enfrentada de IU y del bipartito en este asunto provocó un choque importante en mayo del año 2022, cuando el propio Requejo amenazó con emprender acciones legales contra uno de los representantes de Izquierda Unida en el Pleno, Sergio López, después de la lectura de una moción en la que el representante de la oposición le acusó de “justificar” el golpe de estado que dio origen a la Guerra Civil en julio de 1936.

Tras rechazar el contenido de la moción, Requejo tomó la palabra para expresar su indignación con las palabras del representante de IU, al que pidió, sin éxito, que se retractara: “Ustedes tienen habilidad para manipular las palabras y los hechos; aquí, nadie ampara guerras ni dictaduras”, advirtió el mandatario de la Diputación. La cosa finalmente no fue a más, pero es sintomática de la diferencia de pareceres. El bipartito considera poco prioritario este expediente y lo mantiene suspendido en el tiempo, mientras la izquierda demanda un paso adelante que, bajo su punto de vista, tampoco implicaría un gran dispendio.

Mientras, el Foro por la Memoria se sitúa en la línea de los planteamientos de IU y, de hecho, publicó un artículo a finales de año en este periódico en el que denunció “la displicencia de la Diputación de Zamora a la hora de reparar y reconocer a los empleados y cargos públicos de esa institución que fueron represaliados tras el golpe de estado de julio del 36, y cuya reparación se demora con total indiferencia desde hace años”.

La asociación recordó que el expediente afecta a 58 represaliados. De ellos, 18 fueron asesinados y los otros 40 vieron “sus vidas rotas”. “La Diputación va a cumplir cinco años de menosprecio a estas víctimas, a sus familias y a sus propios reglamentos”, lamentaron desde el foro memorialista.

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