Togas colgadas en el Juzgado de Zamora visibilizan la huelga de los letrados de Justicia: las claves

El parón judicial cumple su primera semana: conoce las causas, las consecuencias y los servicios mínimos

Togas colgadas a la entrada del Palacio de Los Momos, en Zamora capital.

Togas colgadas a la entrada del Palacio de Los Momos, en Zamora capital. / Cedida

T. S.

La imagen de siete togas colgadas a la entrada del Palacio de Justicia de Los Momos visibiliza la huelga indefinida en la que se embarcaron hace una semana -el pasado 24 de enero- los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) de Zamora.

El acto reivindicativo se traduce, a efectos prácticos y rápidos, en una paralización de los juzgados de toda la provincia de Zamora: un centenar de juicios suspendidos y más de 400 trámites en "stand by".

He aquí algunas de las claves del proceso para comprender los motivos del parón, sus causas y sus consecuencias:

¿Por qué hacen huelga?

La causa es la persistencia del Ministerio de Justicia en incumplir el acuerdo que alcanzaron en 2021 con las asociaciones profesionales de este colectivo a nivel nacional para que desconvocaran otra huelga que habían anunciado la pasada primavera. El acuerdo comprometido contemplaba una adecuación salarial y el incremento las retribuciones, congeladas desde hace una década. Piden también la cobertura de todas las plazas para poner fin a la sobrecarga de trabajo, es decir, más medios humanos. En este sentido, piden que no se cubran vacantes y bajas en su escalafón con sustitutos.

La raíz del conflicto

El conflicto laboral se remonta al año 2009. Ese año, una reforma atribuyó a estos letrados responsabilidades que, hasta ese momento, solo correspondían a los jueces. A partir de entonces, el gremio ha asumido mayor carga de trabajo de forma progresiva sin tener una consecuencia económica en sus condiciones salariales

Palacio de los Momos de Zamora, sede de los Juzgados.

Palacio de los Momos de Zamora, sede de los Juzgados.

¿Quiénes son?

Son los antiguos secretarios judiciales. Los Letrados de la Administración de Justicia son funcionarios públicos que constituyen un Cuerpo Superior Jurídico único, de carácter nacional, al servicio de la Administración de Justicia y dependiente del Ministerio de Justicia. Ejercen sus funciones con el carácter de autoridad, ostentando la dirección de la Oficina judicial.

¿Por qué su figura es "clave"?

Porque su intervención y su firma son imprescindibles para celebrar juicios y otros actos.

Carteles de la huelga en los pasillos del Juzgado de Zamora.

Carteles de la huelga en los pasillos del Juzgado de Zamora.

Daños colaterales

El daño colateral de esta huelga es de especial trascendencia para los ciudadanos y les afecta de la siguiente manera:

  • Personas inmersas en procesos judiciales
  • Personas que tienen que prestar declaración
  • Delegaciones en abogados y procuradores al objeto de que se inicien diligencias a su favor, el "apud acta", es decir, el "apoderamiento".
  • Exhortos de los jueces
  • Cobro de indemnizaciones
  • Pagos de morosos o transferencias a empresas, particulares, administraciones o banca
  • Las arcas del Tesoro Público dejan de ingresar multas que conllevan algunas sentencias condenatorias
  • Notificaciones de todo tipo
  • Comparecencias de testigos o imputados
  • Pago de pensiones que se judicializan (separaciones, divorcios o pensiones de hijos)

Servicios mínimos

-Los servicios mínimos impuestos por el Ministerio han impedido paralizar la actividad de las oficinas de civil y penal en los juzgados de Benavente, Toro, Puebla de Sanabria y Villalpando donde, además, estas plazas de LAJ las cubren interinos, lo que les impide secundar el paro.

-El Registro Civil solo funciona para los trámites básicos: nacimientos y defunciones. 

-Las actuaciones relacionadas con la tramitación de la nacionalidad para los ciudadanos extranjeros también se paraliza.

-Los servicios mínimos se extienden al funcionamiento del Juzgado de Guardia, la tramitación de medidas cautelares y requisitorias, casos de violencia de género y la tutela de derechos fundamentales.