Las multas de la inspección de Trabajo superan los 700.000 euros

Las infracciones cursadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la provincia de Zamora durante el año 2021 superaron los 728.000 en sanciones para las empresas. Así se desprende de la estadística oficial, que indica que los inspectores llevaron a cabo 5.312 actuaciones durante el primer año completo de la pandemia, de las cuales 221 se saldaron con infracciones o con requerimientos de más información para los empresarios.

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Por materias de actuación y por lo que se refiere a las actas cursadas durante el año 2021, que fueron un total de 162, cabe destacar que 92 tuvieron que ver con fraudes relativos a la Seguridad Social. 37 refieren a actuaciones en materia de Seguridad y Salud Laboral y 24 a las relaciones laborales entre empresario y trabajador. Seis casos abiertos por los inspectores tuvieron que ver con los permisos de trabajo de los asalariados extranjeros.

En esta línea, las empresas de Castilla y León han transformado este año el sesenta por ciento de los 7.982 contratos que no estaban actualizados a raíz de la entrada en vigor de la reforma laboral, publicada el 30 de diciembre de 2021. Según informó CCOO en un comunicado, en una primera fase se emitieron 3.838 cartas en la Comunidad que afectaban a 7.982 trabajadores que no tenían su contrato actualizado, si bien los empleadores ya han avanzado en esa transformación, con 4.729 de las rúbricas.

El Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, garantiza la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, pero “aún no se ha implementado totalmente en el mercado laboral”, según denunció la central sindical, quien hizo un llamamiento al cumplimiento de las normas laborales y terminar con el fraude.

Desde la entrada en vigor de la reforma laboral todas las empresas que tuvieran contratos anteriores que no estuvieran acorde con la Ley vigente deben ir adaptándolos, sobre todo en las modalidades de contratos temporales o personas que estuvieran contratadas como fijas discontinúas de manera irregular. Los contratos fijos discontinuos deben responder a su normativa específica y “no encubrir relaciones laborales que respondan a contratos indefinidos ordinarios”.

Igualmente, el contrato fijo discontinuo está diseñado para relaciones de trabajo fijas, pero que el trabajador desempeña en periodos de tiempo concretos; en cambio, el contrato indefinido ordinario se firma sin que haya una fecha fijada para el fin de esa relación laboral. Entre las actividades de control que realiza la Inspección de Trabajo se puso en marcha un Plan de Choque específico para vigilar el fraude en la contratación. Se ha desarrollado en dos fases: una primera donde se envían cartas de aviso para que las empresas hagan la regulación voluntaria de los contratos que no se hayan realizado conforme a la ley, y una segunda fase con actuaciones inspectoras para el cumplimiento de la Reforma Laboral.

El abuso en la contratación temporal para actividades que no tienen esa consideración ha sido “un constante en las empresas españolas, y en mayor medida en las de Castilla y León”, según CCOO, que exigió a que todas las personas trabajadoras deben estar contratadas bajo la ley actual y que la modalidad de sus contratos “sea coherente con la causa que los motiva”.

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