El primer día de huelga indefinida de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ, antiguos secretarios judiciales) para que el Ministerio de Justicia cumpla el acuerdo firmado en 2022 para mejorar sus condiciones laborales ha dejado desiertos los pasillos de los diez órganos judiciales y de la Audiencia de Zamora.

Y es que la paralización de la actividad de los LAJ ha desembocado en la suspensión de más de una veintena de juicios civiles y algunos en penal, salvo en los que el imputado está preso, han declarado desde el colectivo movilizado.

Una treintena de actuaciones judiciales de todo tipo que necesariamente tienen que pasar por las manos de los LAJ han quedado pendientes en la capital y, de no producirse un acuerdo con el Ministerio en breve, la paralización causará un auténtico colapso en los 17 órganos judiciales de la provincia.

Daños colaterales

El daño colateral de esta huelga es de especial trascendencia para los ciudadanos, no solo para quienes están inmersos en procesos judiciales, afectados por demandas o denuncias por delitos, tienen que prestar declaración como impulsores, afectados o testigos; sino para delegar en abogados y procuradores al objeto de que se inicien diligencias a su favor, apud acta.

La huelga deja en el aire los exhortos de los jueces; el cobro de indemnizaciones a víctimas de infracciones penales o civiles; el ingreso de cantidades por verse afectados por impagos de morosos a empresas o a particulares o la banca.

Letrados Administración Justicia de Zamora en una asamblea reciente. S. A.

Quedan paralizadas todas las transferencias a particulares, empresas o entidades públicas como el Sacyl por intervenciones en causas con lesionados que tramitan estos funcionarios, encargados de las oficinas. Y las arcas del Tesoro Público deja de ingresar las multas que conllevan algunas sentencias condenatorias, explican fuentes del colectivo.

Suspensión pagos de indemnizaciones y pensiones

Otras actuaciones judiciales que no se realizarán durante la huelga son las notificaciones de todo tipo, desde para la asistencia a juicios y la comunicación de desahucios; las comparecencias de testigos o imputados; los pagos de indemnizaciones a víctimas de delitos, incluidos los pagos periódicos por lesiones sufridas por esas personas; u otras tramitaciones.

Los juzgados tampoco pueden gestionar pago de las pensiones que se judicializan, es decir, aquellas relacionadas con separaciones o divorcios como pensiones de alimentos para los hijos o para los cónyuges.

Las salas de vistas permanecían cerradas, salvo en los juzgados de lo Social o el Contencioso. La Audiencia pospondrá el juicio previsto para mañana si prosigue la huelga, como todo parece indicar.

Servicios mínimos

Los servicios mínimos impuestos por el Ministerio han impedido paralizar la actividad de las oficinas de civil y penal en los juzgados de Benavente, Toro, Puebla de Sanabria y Villalpando, donde, además, estas plazas de LAJ las cubren interinos, lo que les impide secundar el paro.

Precisamente, una de las reivindicaciones que ponen sobre la mesa los Letrados de la Administración de Justicia, al margen del incremento las retribuciones congeladas desde hace diez años, es la urgencia de cubrir todas las plazas para poner fin a la sobrecarga de trabajo que algunos soportan, como es el caso de alguna de las LAJ que acumula más de dos juzgados.

Bodas y tramites para extranjeros

El Registro Civil solo funciona para los trámites básicos: anotar nacimientos y defunciones. Las actuaciones relacionadas con la tramitación de la nacionalidad para los ciudadanos extranjeros también se paraliza.

Los servicios mínimos se extienden al funcionamiento del Juzgado de Guardia, la tramitación de medidas cautelares y requisitorias, casos de violencia de género y la tutela de derechos fundamentales.

La LAJ de la Audiencia asume los juzgados de Penal y de Menores; mañana, día 25, será el de Menores el que rote y el 26 el del Juzgado de lo Penal.