Del "sí" rotundo al protocolo al "no" a la obligación: la polémica del aborto divide al Gobierno de Castilla y León

La polémica sobre las medidas contra el aborto anunciadas el pasado jueves por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, alcanzó este lunes su pico máximo de surrealismo entre comunicados, afirmaciones contradictorias y protocolos que no aparecieron por ningún lado. La cuestión sigue sin estar clara del todo pero, a la espera de más vaivenes, lo que prevalece es la declaración institucional realizada al filo de las dos de la tarde por el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, que protagonizó una comparecencia sin preguntas en la que dejó una frase clave: “No se obligará a nada ni a los médicos ni a las mujeres embarazadas”.

Ese mensaje implica que, si impera la postura del Partido Popular como socio mayoritario del Gobierno autonómico, los médicos de la comunidad autónoma no se verán forzados a instar a las mujeres a que escuchen el latido fetal o contemplen una ecografía 4D antes de tomar la decisión sobre un posible aborto. Las palabras de Mañueco llegaron horas después de que Gallardo realizara unas afirmaciones completamente distintas ante los medios de comunicación.

Gallardo habló en Valladolid

El responsable autonómico de Vox respondió “sí” a la pregunta sobre si un médico estará obligado a ofrecer a una embarazada que escuche el latido fetal, aunque esté decidida a abortar. “En ningún caso supone una coacción, porque solo busca ofrecer más información a las madres”, defendió García-Gallardo, que deslizó que muchas mujeres reciben “presiones” de su entorno y que aclaró que, “con esta posibilidad de tener información, quizá puedan adoptar una decisión más positiva para ellas mismas y para el niño que están gestando en su vientre”.

El vicepresidente autonómico fue muy claro en Valladolid y remarcó que será “imperativo” para los médicos el ofrecimiento de esa información. Mientras, los facultativos pasaron la mañana sin saber a qué atenerse. El propio Gallardo había hablado de la entrada en vigor de la medida para este lunes, pero no hubo ningún anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León ni tampoco comunicación interna alguna sobre el asunto.

"Siguiente pregunta"

Ante la ausencia de noticias al respecto, Gallardo fue preguntado por el asunto en su siguiente acto público. Esta vez, en Zamora, donde el vicepresidente habló sobre ayudas por los incendios sin dar pie a declaración alguna vinculada a la polémica del aborto. “Siguiente pregunta”, se limitó a replicar tras oír menciones al tema del día y después de apuntar que ya había dicho en Valladolid todo lo que tenía que aportar.

Para entonces, las dudas sobre el asunto habían formado una montaña visible desde toda España. La polémica llenó horas de programación televisiva y radiofónica a nivel nacional, que precedieron a la ya citada intervención de Mañueco, que acudió a la comparecencia acompañado por el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez. Ese gesto sirvió también para aclarar quién maneja las competencias.

Además de apuntar la ausencia de obligación firme para cualquiera de las partes, Mañueco negó que existiera protocolo alguno, indicó que la implantación de futuras medidas servirá para “mejorar y modernizar prestaciones” y reiteró que “la voluntad de la mujer, la legislación vigente y el criterio médico seguirán imperando”. El líder popular rechazó que vaya a haber coacciones y defendió que la intención del Gobierno será “ayudar a las mujeres embarazadas”.

La diana, el Gobierno central

Con este panorama, la diana de las críticas de Mañueco no fue Gallardo, aunque las diferencias de posición quedaron expuestas, sino el Gobierno central, al que el presidente de la Junta acusó de tener el propósito de “sacar rédito político”. “Nos parece lamentable”, afirmó el responsable del PP, antes de expresar su “estupefacción” por esa actitud y de tirar de las sentencias favorables al reo tras la ley del “solo sí es sí” para exigir que el Ejecutivo evite darles lecciones sobre la defensa de las mujeres.

El Gobierno pide conocer por escrito las medidas que se tomarán

El Gobierno no se dio por satisfecho este lunes con la declaración institucional efectuada por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en torno a la polémica por el protocolo de atención a las embarazadas en la comunidad, al entender que siguen existiendo contradicciones con las afirmaciones de su vicepresidente de Vox, Juan García-Gallardo, y en su propio discurso, en el que “anuncia que no habrá cambios pero asegura que introducirá nuevos servicios”.

Responsables gubernamentales destacaron en declaraciones a Ical que el requerimiento “sigue adelante” y reconocieron que pretenden conocer los cambios previstos en esta materia en la comunidad por escrito; también pidieron que la Junta se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la actual normativa con respecto a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Las mismas fuentes explicaron que ese requerimiento se trasladó a la Junta el domingo a las 18.50 horas de la tarde, a través de la aplicación para la Gestión Integrada de Servicios de Registro, la “plataforma habitual de comunicación entre diferentes administraciones”, tras asegurar Mañueco en su declaración del lunes que en ese momento no se había recibido en la Junta.

El Gobierno aseguró que no descarta implementar actuaciones jurídicas adicionales

En caso de que el requerimiento efectuado no sea atendido “íntegra e inmediatamente” por la Junta de Castilla y León, el Gobierno aseguró que no descarta implementar actuaciones jurídicas adicionales “a la vista de que las medidas anunciadas por la Junta de Castilla y León pueden contravenir el ordenamiento jurídico” Lejos de dar por concluida la polémica, las fuentes del Ejecutivo preguntadas lamentaron que prosiguen los discursos contrapuestos de los dos socios de Gobierno en la Junta, “declaraciones que no aclaran qué se va a hacer”. Las medidas “provida que vende Vox”, indicaron, van en contra de la ley, y recordaron que la ministra Carolina Darias, señaló que el aborto es un derecho que puede ejercer una mujer consciente y de forma libre.