Cuenta atrás para derribar pavimentos ilegales junto a la muralla de Zamora

La institución abre expediente al zamorano que ocupó suelo público, al que puede multar cada mes con el 10% del coste de la obra y sancionar

Inmueble cuyo propietario ha pavimentado y colocado solados en zona pública, junto a la muralla. | Emilio Fraile

Inmueble cuyo propietario ha pavimentado y colocado solados en zona pública, junto a la muralla. | Emilio Fraile / Susana Arizaga

El propietario de la parcela del número 20 de la Rúa de los Notarios tendrá que levantar el pavimento y los solados que colocó en suelo público junto a la muralla medieval, después de que el Ayuntamiento de Zamora le haya dado una semana como “plazo improrrogable” para restituir la zona manipulada para sortear los caminos de tierra.

La “ejecución forzosa” de la demolición que se exige al dueño de esa parcela, al zamorano de iniciales J.H.R., se expone en el expediente abierto desde el servicio municipal de Obras y Urbanismo para controlar el cumplimiento de la sentencia del 17 de febrero de 2017 del Juzgado Contencioso de Zamora. La jueza le condenaba a reponer la legalidad, vulnerada al ocupar una zona libre de uso público (LUP), según el Plan Especial del Conjunto Histórico de Zamora.

La sentencia fue confirmada el 30 de junio de 2022 por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Valladolid recientemente sin que el condenado cumpliera el mandato judicial, si bien se dirigió al Ayuntamiento el 30 de noviembre de 2022 para que la institución llevara a cabo la retirada, “a su costa”, es decir, que él reintegraría los gastos a las arcas municipales con posterioridad.

Varios requerimientos judiciales

El Ayuntamiento, que precisa en el expediente que existen varios requerimientos judiciales al ciudadano para que ejecute el fallo judicial, insta al ciudadano a que cumpla “de forma voluntaria” la orden judicial de derribo. Descarta la obra subsidiaria porque “dilataría mucho más la conclusión del procedimiento” de reposición del suelo público, dado que es preciso iniciar un trámite de contratación de una empresa externa a la institución que, “además, encarecería los costes”. También apunta que implica entrar a un domicilio privado.

Los servicios técnicos del Consistorio realizaron una inspección en la finca de la Rúa de los Notarios el 3 de enero pasado en la que pudieron comprobar “que las obras de demolición no están ejecutadas”, como recoge el informe elaborado a instancias del Juzgado para que la Administración local dé fe de que J.H.R. ha cumplido con lo ordenado en la sentencia.

Sanciones y multas

Ante toda este cúmulo de ilegalidades e incumplimientos, Obras y Urbanismo advierte de que puede imponer sanciones por infracción urbanística y multas coercitivas con un periodo mínimo de un mes entre ellas por un importe equivalente al 10% del coste total de las obras a ejecutar.

Casi seis años sin obedecer la orden de la jueza del Contencioso

Casi seis años de desobediencia, los mismos que han pasado desde que la jueza del Juzgado contencioso declarase ilegales las obras que realizó el dueño de la finca situada en el la Rúa de los Notarios, numero 20. La sentencia que le obliga a dejar liberado el suelo que ocupó junto a la muralla, por donde pasaba la calle de Los Perros, pero a pesar de los de la jueza, no ha dado visos de tener ninguna intención de cumplir con el fallo. El último requerimiento fue el 13 de septiembre de 2021. El condenado J.H.R. reaccionó casi un año después para “pasar la pelota” al Ayuntamiento y pedirle que hiciera la obra y que él la abonaría. La magistrada ya le reprochaba en 2021 el “incumplimiento total de las demoliciones” que estableció en su sentencia del 17 de febrero de 2017, que precisaba la ocupación de una zona libre de uso público de la capital.

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