El CES pide trámites más simples para el “salvavidas” del Ingreso Mínimo Vital

El Consejo Económico y Social reconoce los avances para frenar las carencias severas, pero aboga por llegar a una mayor cifra de familias

Las autoridades, durante el acto celebrado en el Colegio Universitario.

Las autoridades, durante el acto celebrado en el Colegio Universitario. / Ana Burrieza

El Consejo Económico y Social de Castilla y León entiende que el Gobierno y las comunidades autónomas deben coordinarse para que el Ingreso Mínimo Vital y las rentas básicas lleguen de manera más efectiva a la ciudadanía, y estiman que se deben simplificar los trámites para que el dinero acabe en los bolsillos de una cifra mayor de familias con carencias severas. Esa es una de las conclusiones principales del estudio elaborado por el CES sobre esta materia, un análisis que se presentó este jueves en el Colegio Universitario de Zamora con la presencia de los autores del informe, Pablo de la Rosa y Juan María Prieto, de la Universidad de Valladolid.

Prieto explicó que, una vez analizada la convivencia entre el Ingreso Mínimo Vital y las rentas básicas, se puede concluir que el mecanismo puesto en marcha por el Gobierno implica “un avance en la consolidación de los derechos sociales”, pero en estos dos años de trayectoria ha quedado patente, de igual modo, que se hace necesario hallar fórmulas para mejorar en su coordinación.

De la Rosa insistió en que el Ingreso Mínimo Vital ha ofrecido “un salvavidas para las familias que padecen carencias severas”. Eso queda fuera de toda duda, a juicio del experto de la Universidad de Valladolid: “El colchón es mayor y eso se percibe al ver que la cobertura de este tipo de prestaciones se ha triplicado”, reflexionó el profesor que ha coordinado el informe del CES.

Por tanto, con la mejoría de las condiciones y con el incremento de la dotación conjunta de las administraciones implicadas, el siguiente paso es ampliar la base social receptora de las ayudas, especialmente hacia aquellas personas que, en estos momentos, “no pueden justificar su situación de pobreza en base a los criterios” que se piden desde las instituciones.

La clave para los expertos del CES estaría en la puesta en marcha de un proceso único, aunque sean dos las ayudas que se repartan, que a su juicio debería estar liderado por las comunidades con el apoyo de las entidades locales.

Cabero habla de ayudas para “que nadie esté al margen de la sociedad”

El presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Enrique Cabero, destacó la pertinencia de profundizar en el análisis de las medidas que sirven para “que nadie esté al margen de la sociedad”, como ocurre con el Ingreso Mínimo Vital o la Renta Básica de Ciudadanía de Castilla y León. “Son prestaciones que se enmarcan en la política de ingresos mínimos, de evitación de la exclusión social y del riesgo de pobreza”, recordó el responsable del organismo.

Cabero apuntó que, ya hace años, las comunidades autónomas “fueron articulando ayudas vinculadas a as políticas sociales”, y apuntó que, en Castilla y León, la renta de ciudadanía “ha permitido cumplir la función” para la que fue pensada, que no es otra que evitar que las personas carezcan de unos recursos básicos para poder sobrevivir. Ahora, con la llegada del Ingreso Mínimo Vital, el Consejo Económico y Social de Castilla y León consideró oportuno “formular propuestas de integración y coordinación” con el apoyo de los expertos de la Universidad de Valladolid que se han implicado en la causa.

El resultado se expuso este jueves en Zamora, y más concretamente en las dependencias de la Escuela de Relaciones Laborales, que “también pretende ser un vehículo útil para los estudiantes y la sociedad zamorana”, según apuntó el vicepresidente segundo de la Diputación, Jesús María Prada, que asistió a la cita estimulado por “escuchar a un referente académico internacional como Ramón Tamames”.

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