La Audiencia de Zamora tendrá que decidir sobre el recurso presentado por el alcalde de Carbajales de Alba del PP, Roberto Fuentes, y por los dos concejales del mismo grupo Manuela Bouzada Blanco y Francisco Morán García para evitar la celebración de un juicio, tras imputarles el juez un delito de prevaricación en la contratación de festejos taurinos de las fiestas de 2019.

El juez de Zamora apunta la existencia de indicios de la comisión del delito que apuntan a que “se ocultó deliberadamente por los investigados” una de las ofertas “y no fue sometida a votación la más baja desde el punto de vista económico”, la que “ascendía a 19.000 euros” que llegó al Ayuntamiento un día antes que el resto y que se contrató a la empresa que presentó un presupuesto de 25.000 euros.

Frente a este auto judicial, el abogado de la defensa argumenta en el recurso que el juez no ha valorado pruebas que en su día presentó para demostrar la inocencia de sus clientes y que se rechazaron, como un informe de la actual secretaria-interventora o el contenido de la Ley de Contratos del Sector Público.

El letrado tilda de “falaz” la justificación del juez “para no entrar a valorar la solicitud de archivo y sobreseimiento” del caso presentada ya el 8 de julio de 2022, al considerar que “no ha entrado a estudiar o valorar y denegar o admitir de forma motivada" le petición.

Una actitud que implica “una grave indefensión” para Fuentes, Bouzada y Morán, añade su abogado. Incluso, llega a indicar que la actuación del juez “lleva a entender a mis defendidos que ya tenía preconcebida la resolución de continuar la tramitación para encaminarlos al juicio y se vino a justificar artificialmente en la existencia de una prueba pendiente de practicar para no entrar en la valoración de la petición del archivo de la causa”. El letrado termina por decir que el juez ha pretendido “omitir un pronunciamiento razonado y motivado” al respecto.

Un testimonio decisivo

Durante la investigación judicial, tuvo lugar una declaración decisiva de una testigo que ostentó el cargo de concejala y que debería haber ejercido como alcaldesa, en virtud del pacto de alternancia entre PP y PSOE en ese cargo. La exedil manifestó al juez que el día fijado para el Pleno en el que debía adjudicarse el contrato de los toros, el actual alcalde y Bouzada la llamaron para enseñarle las tres propuestas que llegaron a la sesión y manifestarle que "tenía que votar la que le indicaran, la más barata", según consta en las diligencias e indican fuentes próximas a la investigación judicial.

La excargo público declaró cuando compareció ante el juez que "se sorprendió" porque "los sobres de las plicas estuvieran abiertos", cuando tenían que estar cerrados y custodiados por el secretario-interventor que había en esas fechas.

En el mismo Pleno, el funcionario puso de manifiesto que no se había seguido la cadena de custodia de las plicas, de las ofertas de empresas taurinas, ya que él era el responsable y nunca las recibió.

En ese momento de la sesión, el exalclade, Manuel Fidalgo, indica que existe una cuarta oferta que no se ha llevado al Pleno. Roberto Fuentes replica, según consta en las diligencias, que no existe y que “en todo caso, no vale para nada”, de acuerdo con lo recogido en las diligencias. Se trataba de una oferta de 19.000 euros, frente a la de 25.000 euros que se aprobó con los votos del PP.