Aniversario de la Constitución: Unos españoles más iguales que otros

Todos los españoles son iguales ante la ley, aunque unos son más iguales que otros. La Constitución Española blinda una serie de derechos fundamentales que habitualmente están en entredicho cuando se trata de analizar el día a día. Discriminaciones por razón de sexo, familias con problemas para mantener la dignidad de su vivienda, pensiones raquíticas a la vejez, listas de espera inasumibles en la sanidad pública y condiciones en el trabajo que ponen en tela de juicio la suficiencia del sistema. La lista de faltas es tan inabarcable como la pluralidad de la sociedad. La Carta Magna, plagada de buenas intenciones, apenas logra contener la voracidad del presente, que se lleva por delante estos principios básicos para sus ciudadanos.

Artículo 14. “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Es uno de los artículos de la Constitución Española reiteradamente incumplidos en el conjunto de la sociedad. El racismo y la homofobia campan a sus anchas. También el machismo. Y la discriminación por ser mujer existe. Lo demuestra la Agencia Tributaria, cuyos datos establecen la brecha salarial en 3.000 euros anuales entre los hombres y las mujeres de Zamora. Ellos, en 2021, ingresaron 19.668 euros de media; ellas, tan solo 16.688.

Artículo 35.1. “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia”.

La provincia de Zamora mantiene 9.983 demandantes de empleo, según los últimos datos del mes de noviembre, que no son capaces de encontrar ese sostén económico para sus vidas. De los 76.084 ciudadanos activos, algo más de 15.000, el 20%, están bajo el umbral de la pobreza. Hablando en plata: el sueldo que reciben no llega para vivir dignamente.

Artículo 43. “Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”.

Unos servicios, a todas luces, insuficientes en la actualidad. La provincia de Zamora tiene una lista de espera de 58 días para intervenciones quirúrgicas y de 88 para consultas externas. Para hacer un TAC, hay que aguardar 49 días; para una ecografía, 104 días. Faltan médicos en el medio rural y no se cubren las plazas MIR, mientras los consultorios abren sin tener profesionales.

Artículo 47. “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”.

El 6,7% de los zamoranos tiene gastos de vivienda superiores al 40% de su renta, según un informe del Consejo Económico y Social. Además, más de 5.000 personas piden ayuda regularmente para pagar sus gastos de suministro, especialmente cuando llega el invierno, según los datos manejados por Cáritas, Cruz Roja, el Ayuntamiento de Zamora y la Diputación Provincial. La casa de acogida de Zamora, por su parte, atendió el año pasado a 480 ciudadanos “sin techo”.

Artículo 50. “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos”.

La provincia de Zamora tiene una de las pensiones medias más bajas de España, con 921 euros al mes. Según un informe del Consejo Económico y Social, en torno a 20.000 pensionistas zamoranos viven bajo el umbral de la pobreza, al cobrar menos de 681 euros al mes; de ellos, el 14% está en riesgo de pobreza severa, con percepciones inferiores a 454 euros en 14 pagas.

En tela de juicio desde el artículo 1 hasta el 138

El artículo 1 de la Constitución habla de España como un Estado que “propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la igualdad”. De desigualdad sabe mucho la provincia de Zamora, cuyos desequilibrios la están llevando a la desaparición. Por eso, existen voces que llaman a la modificación del artículo 138, que dicta que el Estado “garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular”, para igualar estas últimas a las condiciones demográficas.

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