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Delito de prevaricación | El alcalde de Carbajales de Alba, a juicio por amañar el contrato de toros en las fiestas de 2019

El juez imputa a Fuertes y a los ediles Bouzada y Morán por votar a la empresa con la oferta más cara y ocultar la más barata

El alcalde de Carbajales de Alba, Roberto Fuertes Gervás, en su despacho. Ch.S.

El alcalde de Carbajales de Alba, el popular Roberto Fuertes Gervás, irá a juicio como presunto autor de un delito de prevaricación en la contratación de los festejos taurinos de las fiestas de septiembre 2019, el mismo delito que el juez imputa a sus dos compañeros del grupo de Gobierno del PP, al primer teniente de alcalde, Francisco Morán García; y a la segunda teniente de alcalde, Manuela María Bouzada Blanco.

El procedimiento judicial se inició por la denuncia del secretario-interventor del Ayuntamiento al detectar un supuesto amaño, “favoritismo y conflicto de intereses”, del alcalde del PP a la hora de adjudicar esos festejos a una empresa zamorana a pesar de plantear la oferta más cara, 25.000 euros, frente a la más baja de 19.000 euros de una sociedad salmantina.

Ofertas guardadas en un archivador particular

Las ilegalidades fueron más allá, según el alto funcionario municipal que afirma en su denuncia que el teniente de alcalde guardó “en un archivador” propio los sobres con las ofertas de dos de las empresas que concurrían “para la entrega al alcalde, sin ser sellados ni firmados para su cierre” por el secretario.

Asimismo, indica que tampoco estuvieron bajo la "guardia y custodia del expediente", por lo que advirtió del “posible fraude y conflicto de intereses” del máximo representante municipal en este contrato. Un informe del secretario, emitido el 7 de agosto de 2019 apuntaba de estas posibles ilegalidades, documento que no frenó la convocatoria del Pleno municipal para adjudicar los festejos el día 13 de ese mismo mes.

Tampoco sirvió de nada que el secretario-interventor presentara otro informe el 9 de agosto de 2019 para prevenir “de que no se había cumplido el plazo fijado por la ley desde la publicación en el tablón de anuncios” del concurso hasta su adjudicación.

El Pleno se celebró igualmente para el día fijado por Fuertes Gervás y, según el auto de procesamiento, “se ocultó deliberadamente por los investigados, y no fue sometida a votación la oferta más baja desde el punto de vista económico”, la que “ascendía a 19.000 euros” que llegó al Ayuntamiento un día antes que el resto.

El presunto delito de prevaricación administrativa (dictar una resolución consciente de que no se ajusta a Derecho, injusta o arbitraria) recae no solo sobre el regidor municipal, sino también sobre los concejales que votaron a favor de contratar los festejos taurinos de las fiestas patronales con la sociedad zamorana, la más cara. Los otros dos imputados del grupo de concejales del PP son el primer teniente de alcalde, Francisco Morán García (que fue de Por Zamora); y la segunda teniente de alcalde Manuela María Bouzada Blanco.

Denuncia del exalcalde

A la denuncia del secretario del Ayuntamiento ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Zamora, se sumó la del exalcalde de Carbajales, Manuel Fidalgo Guillermo, quien fue el único integrante de la Corporación municipal que votó en contra de adjudicar los eventos taurinos con la sociedad zamorana.

Las entonces ediles del PSOE María del Carmen Díez León y María Isabel Rodríguez, que dimitieron ya de sus cargos en el Consistorio, se abstuvieron en ese punto del orden del día. El concejal de Por Zamora, Eloy López Codesal, no acudió al Pleno.

Inhabilitacón entre 9 y 15 años para cargo público

El Código Penal castiga a quien cometa un delito de prevaricación administrativa con la inhabilitación especial para empleo o cargo público durante un periodo que oscilará entre los 9 y los 15 años. De ser condenados, el alcalde de Carbajales de Alba y los dos ediles del PP imputados por ese delito no podrían presentarse a ninguna oposición para trabajar en la Administración Pública, ni podrán ostentar un cargo público en el tiempo por el que se les inhabilite. Si se les encuentra culpables de esta infracción penal, se les prohíbe formar parte de ninguna candidatura, ya que se les priva del derecho a ser votados en elecciones.

Concluyen las diligencias de investigación

Concluida la investigación del caso, el juez remite el auto de procesamiento a la Fiscalía Provincial para que decida si solicita la apertura de juicio oral y estipule qué pena pide que se impongan a los tres imputados por prevaricación administrativa. Ese informe pasará después a los abogados de la acusación particular para que cumplan el mismo trámite y, una vez tenga los informes de esas partes, el Juzgado número 4 dará traslado de los mismos a los letrados que representan a los tres procesados para que elabore sus escritos de defensa, que incluirán la oposición al juicio y la solicitud de absolución.

Concluidos estos trámites, el caso se deriva a la Audiencia Provincial, cuyos magistrados serán los encargados de abrir el juicio oral y celebrarlo para dictar una sentencia.

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