Zamora contará con un centro para las mujeres víctimas de violencia de género

La Subdelegación del Gobierno en Zamora ha reunido a profesionales y responsables de diferentes unidades especializadas en violencia de género para tratar cuestiones sobre los recursos de los que disponen las víctimas de violencia de género, violencia sexual y trata de personas.

La inauguración ha estado a cargo del subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, que ha informado sobre las cifras de los últimos diez años. La Oficina de Extranjería recogió 81 autorizaciones de residencia temporal y trabajo; 667 mujeres, desde el año 2006, que han recibido algún tipo de ayuda económica; en cuanto a perceptoras de la Renta Activa de Inserción, 1.236 en total; y 95 contratos bonificados.

Así mismo, ha comunicado que, a través del Plan España Protege, se creará en cada provincia un Centro de Atención Integral a la Mujer Víctima de Violencia de Género, que funcionará las 24 horas del día. Todavía no hay fecha prevista para su puesta en marcha, pero será antes del 31 de diciembre de 2023.

Por su parte, las ponencias han estado a cargo del jefe de la Oficina de Extranjería, Miguel García Sante; la directora provincial de Servicio Público de Empleo Estatal, Elena Hernández Hornos; la directora provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social y el INSS, Teresa Peral, y la jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer, Marisa Manso.

Teresa Peral ha centrado su ponencia en las características de la pensión de jubilación para víctimas de violencia de género. Ha explicado algunas de las cláusulas sobre la pensión de viudedad para mujeres separadas o divorciadas que sufrieron esta violencia y la prestación de orfandad para los hijos e hijas de víctimas de violencia de género y otras formas de violencia sobre la mujer. Así mismo, explicó las particularidades del Ingreso Mínimo Vital para las víctimas.

La Administración garantiza el permiso de residencia y trabajo

El jefe de la oficina de Extranjería, Miguel García Sante, ha abordado durante su ponencia los recursos de los que puede disponer una víctima de violencia de género, sexual o de trata de personas que sea migrante. Como eje central, está el permiso temporal de residencia y trabajo, del que puede disponer una víctima, así como sus hijos mayores de dieciséis años; para los menores de esa edad, se trata de un permiso de residencia. Sin embargo, esto no se aplica para los hijos que continúen viviendo en su país de origen.

Entre las cuestiones clave de estas garantías está el hecho de que las mujeres pueden solicitarlo independientemente de cual sea su situación administrativa. Es decir, aquellas que estén en situación irregular en el país, pueden hacerlo.

Sobre la situación en Zamora, señala que los casos de trata tienen poca visibilidad, pero que los hay, poniendo el ejemplo de las jóvenes de origen rumano que fueron víctimas de matrimonio forzado en Toro. Por normal general, las víctimas de la provincia cuentan con el amparo de la Policía Nacional, que es quien se encarga de guiarlas en el proceso para que puedan solicitar el permiso. Destaca que, a partir de ese punto, la labor que llevan a cabo las asociaciones y ONG es fundamental para el proceso que sigue.

Por otra parte, las víctimas también pueden solicitar el retorno a su país y el sistema se lo facilitará.

La vigencia de este permiso está condicionada por la aprobación o rechazo de la concesión definitiva. Aunque, el salvoconducto inicial con el que la víctima puede trabajar, abre la puerta a otras vías a través de las cuales solicitar la residencia. Puesto que, al haber trabajado más de seis meses, entra en juego el arraigo laboral.

Renta Activa de Inserción

El hilo conductor de la ponencia de Elena Hernández Hornos, directora del Servicio SEPE en Zamora, ha sido el programa estrella, la Renta Activa de Inserción (RAI). Este sistema está pensado para cuatro colectivos concretos, parados de larga duración, personas con una discapacidad reconocida de más del 33 por ciento, personas emigrantes retornadas y víctimas de violencia de género.

La RAI está conformada por una ayuda económica y otra de inserción laboral. LA dotación es de 463 euros al mes, que puede aumentar en caso de encontrar empleo, incrementándose en un 25 por ciento durante 180 días, lo que serían unos 115 euros más al mes; y un pago único equivalente a tres meses si la víctima ha tenido que cambiar de residencia, a causa de la violencia, durante los últimos doce meses.

Por otra parte, el segundo eje de la charla se ha centrado en las peculiaridades en el acceso a la prestación por desempleo de las víctimas de violencia de género. Sobre esta cuestión, ha detallado que es indispensable estar en situación legal de desempleo a causa de la violencia; en lo relativo a la base reguladora de la prestación, en el caso de que la víctima tenga que reducir su jornada laboral, la cuantía se incrementa al cien por cien de lo que habría percibido si no hubiera tenido que hacerlo; y, respecto al periodo de suspensión del contrato por ser víctima de violencia de género, se considerará como un periodo cotizado a efectos de desempleo, con un máximo de seis meses que el juez puede ampliar cada tres meses hasta un máximo de dieciocho.

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