La lucha contra la despoblación en provincias como Zamora afectará al diseño de las nuevas políticas públicas

La lucha contra la despoblación influirá en el diseño de las normas que se aplicarán en España. Así lo dicta la Ley de Institucionalización de la Evaluación de Políticas Públicas que se ha aprobado definitivamente en el Congreso de los Diputados tras superar el trámite parlamentario. En concreto, el reto demográfico aparece como “uno de los aspectos técnicos que se deberán tener en cuenta de forma general en el diseño de las políticas públicas, y ha quedado incluido entre los criterios de valor público para el análisis, así como en los elementos del código ético”.

El Mecanismo Rural de Garantía

La incorporación de esta cuestión a la ley se ha realizado a través de una disposición adicional que recoge “el impulso del Gobierno para la puesta en marcha del Mecanismo Rural de Garantía”. Este concepto implica analizar cada norma que se apruebe desde la perspectiva de los territorios menos poblados, con el objetivo de vigilar y garantizar que esas reglas no provoquen impactos negativos para los vecinos que residen en las comarcas castigadas por el declive demográfico.

En la teoría, la cuestión debería afectar de manera directa a Zamora, un territorio que muchas veces ha clamado contra un modelo de gestión que, bajo el prisma local, favorece el desarrollo de las grandes urbes mientras se ocupa menos del deterioro demográfico de territorios menos favorecidos desde el punto de vista del desarrollo. Tal es el caso del noroeste español, que es en estos momentos el espacio más penalizado por esa crisis causada por la constante pérdida de vecinos.

Otra cosa es el impacto que tendrá este apartado de la ley en la práctica. La expectativa de Zamora y de otros territorios es que la citada disposición empuje como viento a favor en el marco de una norma que, en líneas generales, persigue “sistematizar la evaluación de las políticas públicas para hacer más eficaz la asignación de los recursos y para optimizar el proceso de toma de decisiones”.

Otra de las cuestiones que aborda la Ley de Institucionalización de la Evaluación de Políticas Públicas es la pertinencia de fomentar “la innovación en las actuaciones del sector público”, con el fin último de contar con una gestión “moderna y útil para solucionar los problemas y retos sociales, y para avanzar en el control de responsabilidades y rendición de cuentas”.

En ese sentido, aparte de la cuestión demográfica, también se tendrán en cuenta otras variables de interés, como la perspectiva de género de las normas, el equilibrio intergeneracional, la transformación digital o la sostenibilidad social y medioambiental. Eso, sin dejar de lado aspectos vinculados a la infancia, el empleo o el impulso a la llamada justicia social.

El anhelo de la descentralización

Uno de los mensajes que más ha lanzado el Gobierno con el foco puesto en el reto demográfico tiene que ver con la descentralización. Es decir, con el traslado de determinados organismos, servicios e incluso empresas a territorios periféricos castigados por el problema de la despoblación. El propio presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, señaló en su día que la “cohesión territorial” requiere “descentralizar la presencia institucional”. Dicho de otro modo, que el Estado esté presente en todos los territorios. “Creo que es de justicia que entre todas las comunidades autónomas abramos un debate sereno, leal, pero también honesto de la necesidad de que muchas de estas instituciones públicas salgan de la capital de España y representen al Estado en muchísimos territorios”, insistió el máximo responsable del Ejecutivo. Es precisamente en ese contexto en el que se enmarca el proyecto de Monte la Reina en Zamora que, más allá de cuestiones de estrategia militar, responde a la urgencia del Gobierno por llenar la España Vaciada de recursos que funcionen en forma de asidero para que las comarcas se agarren a la vida. El anhelo de la provincia es que esos planes sean ahora más ambiciosos.

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