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Investigación en Zamora

La jueza prorroga el plazo de la investigación del caso de Raga por fraude en Zamora

La magistrada decide de oficio ampliar diligencias sobre los delitos de corrupción de los que se acusa al exjefe municipal de Parques y Jardines

Alberto Vega Vicente abandona su casa tras el registro, detenido por la Policía Nacional. NICO RODRIGUEZ

La jueza amplía el plazo de investigación del caso Raga por presunto fraude de un millón de euros al Ayuntamiento de Zamora, un caso directamente relacionado con los delitos de corrupción sobre la gestión de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Zamora que implican al que fue máximo responsable del servicio durante 24 años, el funcionario e ingeniero forestal Alberto Vega Vicente.

Dos de los excargos de Raga están siendo investigados, se trata del que fuera director ejecutivo y consejero de la sociedad, de iniciales G.R.G., un integrante de la familia fundadora de la sociedad; y el responsable de la zona noroeste, A.G.I., ambos acusados del fraude.

La jueza decidió comenzar la instrucción del caso Raga en octubre de 2021, tras comprobar la documentación que la UDEV se incautó en registro del domicilio de Vega Vicente, arrestado el 2 de marzo acusado de cohecho, malversación de caudales públicos, falsedad, fraude, blanqueo de dinero y supuesto enriquecimiento ilícito de más de 80.000 euros.

La prórroga que ha acordado de oficio por la magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 será de seis meses ampliables por ese mismo periodo hasta que se recaben todas las pruebas y declaraciones de testigos necesarias para esclarecer la responsabilidad de la empresa en esos delitos.

Testigos de la defensa

En este tiempo, podrán prestar declaración en la causa nuevos testigos, a petición de la defensa cuyo abogado es Cándido Conde-Pumpido Valera, el hijo del exfiscal general del Estado, cuya indisposición durante un largo tiempo ha retrasado las diligencias, según ha podido saber este diario. La documentación hallada en la casa de Vega Vicente implicaría a directivos y responsables de la empresa madrileña que actuarían en connivencia con el jefe de Jardines, en la actualidad en libertad condicional tras el abono de una fianza de 60.000 euros para sortear el ingreso en prisión provisional hasta que concluyeran las diligencias y hasta que la magistrada titular del Juzgado (la misma que investigó el caso de la sal, de fraude al Ministerio de Fomento) decida si abre o no juicio oral.

Vega Vicente está acusado de adjudicar obras menores directamente, como la del parque infantil de la plaza de Belén que dio origen a la investigación, que se realizaban sin que la empresa gallega Iocus Romina&Ekaitx contratada desplazara a Zamora a ningún material ni personal propio para desarrollar el proyecto. De ello se encargaría el personal de Raga y los materiales serían del Consistorio.

La empresaria gallega, acusada dentro de esta causa por conseguir hasta 15 contratos menores de entre 2.000 y 5.000 euros, admitió que se repartirían “mordidas” entre ella y el propio Alberto Vega Vicente. En su declaración la investigada llegó a manifestar que ellas se llevaba 500 euros por proyecto y que el jefe de Parques y Jardines la llamaba por teléfono para comunicarle la adjudicación de los mismos. Incluso, declaró que de la construcción del parque de Belén tuvo conocimiento de la adjudicación cuando ya estaba ejecutado.

Los delitos de falsedad en documento público y en la contratación, así como en la adjudicación de trabajos del servicio municipal son algunas de las infracciones penales en investigación. El delito de malversación de caudales públicos de que se acusa al exjefe de Jardines está relacionado con la posible adquisición de combustible para su uso persona con tarjetas municipales autorizadas por el Ayuntamiento para que el personal del servicio repostara los vehículos de Parques y Jardines. La presunta irregularidad fue detectada por la viceinterventora de la institución local, que derivó a la Fiscalía de Zamora.

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