El Ministerio de las Administraciones Públicas deberá determinar si la falta grave en que incurrió el interventor del Ayuntamiento de Zamora, Francisco Javier López Parada, de acuerdo con el expediente disciplinario que le abrió el alcalde se ajusta a la normativa. El funcionario de habilitación nacional fue suspendido de empleo y sueldo durante tres meses por llamar “acosador” al alcalde de la capital en una carta que hizo pública a través de los medios de comunicación y en la que se llegó a comparar con una mujer maltratada.
López Parada recurrió esta sanción a la Junta de Castilla y León y no la ha llegado a cumplir, ya que la Consejería de Presidencia resolvió en junio de 2020 el archivo del expediente disciplinario abierto por el alcalde, Francisco Guarido. Fue el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el que tumbó en una sentencia la decisión del órgano dirigido entonces por Ángel Ibáñez, al que instó a concluir el expediente. La intervención ahora del Ministerio tiene lugar por considerarse que el expediente informativo sancionador puede penalizar al funcionario de habilitación nacional por una falta muy grave, dado el contenido de la misiva.
Asesor de Alberto Vega
Sin que este caso se haya aún resuelto, el interventor está siendo investigado por la denuncia de la institución local por presuntamente haber asesorado al exjefe del servicio municipal de Parques y Jardines, Alberto Vega Vicente. Mientras el interventor se encontraba de baja médica, habría entrado en la base de datos informáticos del Ayuntamiento para descargarse documentos internos para, supuestamente, ayudar a su compañero frente a las acusaciones que le convertían en investigado por corrupción.
Conversaciones a través de mensajes de WhatasApp y otra documentación hallada por la Policía Nacional, por el equipo de UDEV, en el registro del domicilio de Vega Vicente constituirían una prueba de esas presuntas ilegalidades cometidas por el interventor, según la Policía Nacional, que habla de “una relación” este y Alberto Vega.
La conclusión sería que el alto funcionario, lejos de velar por los intereses de la institución local, estaría ayudando al exjefe de Jardines a recabar informes para su defensa ante el Juzgado. Hasta 17 expedientes municipales llegó a consultar López Parada relacionados con la gestión de Parques y Jardines, así como facturas de la Administración local a Raga, conducta que está en manos del Juzgado.
