“La pandemia no nos mató, pero el desastre del petróleo nos dejó consecuencias familiares, económicas, alimentarias... nosotros no podemos vivir sin territorio y sin el río”. Así de taxativo se mostró el viernes Carlos Ajón, líder social de una de las comunidades indígenas de Ecuador afectadas por el derrame de, al menos, 15.000 barriles de crudo producido en abril de 2000 que afectó a los ríos Coca y Napo, lo que ha supuesto uno de los desastres socioambientales más importantes de la Amazonía ecuatoriana en los últimos 15 años que ha afectado a más de cien comunidades indígenas.

Este hombre, en su estancia en Zamora camino de una cumbre en Ginebra, describió que “vivimos del río y ahora no podemos pescar ni tampoco cultivar porque los alimentos están contaminados y enfermamos” y remarcó que “no recibimos el apoyo de las administraciones ni de las empresas petroleras que sacan de nuestras comunidades miles de litros de petróleo”, la única ayuda que han recibido proviene de Cáritas y de la Iglesia.

Por su parte, el obispo del Vicariato de Aguarico, Adalberto Jiménez, enfatizó que las empresas petroleras “son altamente contaminantes” y “ni dejan las migajas en el territorio”. El prelado apuntó que la Amazonía “supone el 48% de Ecuador y solo vive un millón de habitantes” y “es una realidad que está invisibilizada”. También señaló que, a mayores, la minera ilegal afecta al ecosistema de la Amazonía “que es muy frágil y cuando lavan el oro con cadmio y cianuro causan un daño terrible”.

Ante esta situación, Cáritas está trabajando para contribuir a la recuperación de la comunidades afectadas identificando el impacto de los derrames en la salud, mejorando el acceso a los alimentos con seguridad y colaborando en la formación de líderes, una ayuda sufraga en gran parte desde Asturias y aunque no se abre ningún tipo de cuestación “si alguien quiere colaborar económicamente se hará llegar a través de Cáritas Diocesana”, señaló el delegado director de Cáritas Diocesana, Antonio Jesús Martín.