Uno de los responsables de Copcisa, sociedad que integró la UTE Rionegro con Grupo San Gregorio hasta enero de 2008, decidió “fiscalizar a los jefes” que operaban en el centro de conservación y mantenimiento de carreteras del Estado en Sanabria-La Carballeda desde febrero de ese año.
La sociedad nombra a un trabajador de Madrid para llevar a cabo esa función “por desconfianza. Sobre todo, para que yo controlara el fundente que llegaba de Portugal” con la empresa Edype, explicó este testigo del Abogado el Estado en la sesión de ayer del juicio del caso de la sal que celebra la Audiencia de Zamora por delitos de corrupción y fraude al Ministerio de Fomento.
Detrás de la decisión de uno de los cuatro integrantes del comité de gerencia de la UTE, cuyas iniciales son B.M.C., estaba la sospecha del fraude o estafa al Ministerio en las toneladas de fundente que realmente se servía a la Unidad Provincial de Carreteras de Zamora “porque, al parecer, no se pesaban los camiones al llegar entraban con menos fundente” del reflejado en los albaranes, según se le indicó.
“Yo no vi nada. La última factura que vi” de Transportes Castellanos Edype, la empresa suministradora de sal, “fue del 31 de enero”. Lo que sí pudo observar fue “el mal estado de las máquinas quitanieves que se averiaban porque se había suministrado sal con restos de bacalao” para despejar las carreteras de hielo y nieve, afirmó ante las magistradas.
“Los saleros estaban atascados por esos restos” de pescado, precisó a preguntas de la abogada de uno de los dos imputados que no accedieron a llegar a un acuerdo con la Fiscalía Provincial, que exige a la Audiencia una condena a 6 años de cárcel, 7.200 euros de multa y 110.000 euros de indemnización supuestamente estafados a Fomento al servir sal “de mala calidad por ser de desecho”.
Se trata del empresario, de iniciales D.H.M., que ha reconocido en el juicio que “no compré la sal, me la regalaban en secaderos de bacalao de Aveiro y El Algarve”, por lo que “los albaranes no se corresponden con las facturas”. Este imputado creó Edype con su primo y jefe de conservación y explotación de la UTE, de iniciales E.J.R.G.,ya condenado por prevaricación, estafa, fraude a Fomento; y cohecho a 5 años y 9 meses de cárcel; inhabilitación para cargo público por 2 años; suspensión de empleo y sueldo por un año; y al pago de 45.000 euros al Ministerio.
El tercer socio de Edype fue otro primo del jefe de conservación, el imputado P.O.A., que igualmente reconoció haber cometido el delito y se le condenó a 6 meses de prisión y 35.000 euros de indemnización. Los tres fueron administradores únicos durante un periodo de tiempo, tras el que la sociedad Edype quedó en manos de D.H.M., según admitió al comparecer en la vista oral.
El “desfalco” que la Agencia Tributaria detectó en la contabilidad de la UTE coincide con la campaña invernal 2007-2008, tras contratar a Edype. El trabajador de Copcisa afirma que con él comenzó a pesarse el fundente que llegaba que ya no venía de bacaladeras, “Edype llevó muy poca sal cuando yo estuve” en Rionegro y tampoco vio “sal de salazón”.
La densidad de la sal y la humedad
El perito de la defensa de D.H.M., doctor en Ciencias Químicas, manifestó que las empresas ofrecen gratis la sal de salazón, la alimentaria, “por el coste que supone el proceso de purificación” y que “es mejor que la de mina para el deshielo”, pero, si no se limpia bien, puede causar daños en máquinas.
Asimismo, manifestó que la sal de mina puede tener alguna impureza, como piedras; a la marina se la somete a un control en la manipulación para eliminar elementos tóxicos; y que la sal con restos orgánicos químicamente no sufre ninguna alteración, todas son válidas para el deshielo.
En cuanto a las impurezas que pueden quedar en la sal con restos orgánicos cuando se hace salmuela (se disuelve la sala para echarla al asfalto e impedir que se hiele), como la procedente de bacaladeras, el químico declaró que "en una segunda fase", antes de esparcirla, "se pueden retirar con un filtro grueso".
Al ser preguntado sobre la humedad del fundente, indicó que "normalmente se trata de sales higroscópicas (sal de mar o de roca en condiciones de alta humedad relativa que absorbe esa humedad), el volumen de fundente no es menor, la cantidad de material que se maneja, de modo que "en 5 toneladas entre un 5%/10% del volumen total será agua".
El catedrático en la materia precisó que "la densidad es independiente, hay más cantidad en masa, pero no en propiedades químicas". A ese respecto, indicó que podía parecer menos volumen de fundente porque “podía venir apelmazada”.
“Las biondas no se tocan”, indicó el encargado de la zona
“Las biondas no se tocan”. La orden fue del funcionario y encargado del sector ZA-4, de iniciales S.S.S., y del vigilante de Fomento P.F.N. al que se juzga estos días, manifestó ayer el trabajador nombrado por Copcisa para que supervisara la actuación de los jefes de la UTE en Sanabria.
El destino de la chatarra y las biondas lo decidían la ingeniera de la UTE R.M.I., condenada a pagar 35.000 euros ganados con la venta de ese material, y E.J.R., jefe de conservación también condenado, indicó el testigo.
Las barreras se apilaron en los túneles de Padornelo, las vio cargar, “lo pequeño se vendía para meriendas”, ratificó como otros testigos.
Los chatarreros que testificaron ayer como testigos del imputado P.F.N. confirmaron que "pagaban en sobres, siempre cobrábamos en dinero" por estos materiales procedentes de accidentes o por las barreras retiradas de las carreteras del Estado.
La Fiscalía sostiene que se levantaron 30 kilómetros de biondas que apenas llevaban un año instaladas y que P.F.N. fue uno de los beneficiados con la venta a chatarreros de un material que el empleado de Copcisa volvió a reiterar que era del Ministerio, no de la UTE.
Otro chatarrero, también llamado a declarar por el abogado del vigilante de Fomento, afirmó que compró a través de un intermediario, "al que yo pagaba", pero no era el vigilante del Ministerio y que desconocía cómo se hacía la operación, "solo me preguntaron precios".
Este testigo dijo haber adquirido chatarra con el mismo método en A Guidiña (Orense) y en la provincia de León, "me las vendía el encargado, yo llegaba y les pagaba, les daba el sobre con el dinero y el albarán".
El tercer chatarrero y testigo del funcionario de Fomento que compareció ayer ante las tres magistradas que forman sala para este juicio mantuvo el mismo argumento que los anteriores y reiteró que nunca negoció directamente con nadie de la UTE ni de Fomento.
Y se confirmó que las obras en la casa de P.F.N., para el que se piden entre 2 y 4 años de cárcel, se hicieron aunque “requerí a S.S.S., se lo hice saber”, se renovó el baño entero para poner una ducha.
